La discusión por los inspectores de tránsito de Córdoba escaló hasta convertirse en una nueva disputa política entre el municipio, la Provincia y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).
El conflicto quedó expuesto luego de que los inspectores municipales no prestaran servicio durante una jornada particularmente compleja para la ciudad, con un partido entre Talleres y Belgrano, una maratón y una procesión religiosa. La situación obligó a reforzar los operativos y volvió a poner sobre la mesa una pregunta básica: ¿qué ocurre cuando un conflicto gremial termina afectando el funcionamiento de la ciudad?
Desde la Provincia, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue contundente. Defendió la participación de la Policía en los operativos de tránsito y cuestionó con dureza la posición del sindicato.
Quinteros sostuvo que detrás de las críticas existe una discusión que excede lo salarial y dejó una frase que sintetizó su postura: “La ignorancia se cura, la mala fe no”.
Martín Llaryora también salió al cruce y acusó al gremio de utilizar mecanismos de “extorsión”, al tiempo que sostuvo que el Gobierno no permitirá que los vecinos queden afectados por una disputa sindical.
La posición de la Municipalidad va en la misma dirección: garantizar que los servicios funcionen y que la ciudad no quede paralizada cada vez que existe un conflicto con un sector de trabajadores.
Del otro lado, el SUOEM rechazó las acusaciones y sostuvo que no hubo un paro, sino que los trabajadores dejaron de realizar determinadas tareas que, según el sindicato, eran voluntarias y que no estaban siendo abonadas.
Pero la discusión adquirió una dimensión política cuando apareció en escena el juecismo.
El legislador Walter Nostrala, del Frente Cívico, cuestionó la decisión de recurrir a policías para reforzar los controles de tránsito y calificó como “una locura” que efectivos policiales cumplan esas funciones.
La postura de Nostrala coincide así con uno de los principales argumentos planteados por el sindicato: que la Policía no debería avanzar sobre tareas que corresponden al municipio.
No es un dato menor que el SUOEM y el espacio político de Luis Juez mantienen vínculos que se remontan a la época en que Juez fue intendente de Córdoba. Una relación política y sindical de larga data que vuelve a aparecer cada vez que se producen fuertes enfrentamientos entre el gremio y los gobiernos municipales.
Mientras tanto, el planteo de Llaryora, Quinteros y la Municipalidad es bastante más sencillo: el Estado tiene que garantizar que la ciudad funcione.
No se trata de discutir si los trabajadores tienen derecho a reclamar. Ese derecho está fuera de discusión.
La pregunta es otra: ¿puede un conflicto gremial dejar sin cobertura operativa a una ciudad que tiene eventos masivos, miles de vehículos circulando y situaciones que requieren ordenamiento del tránsito?
Para el Gobierno provincial, la respuesta es no.
Y por eso la Policía aparece como una herramienta para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la ciudad cuando las circunstancias lo requieren.
La discusión también expone una diferencia política cada vez más marcada.
Mientras Llaryora y Quinteros defienden la intervención del Estado para garantizar el servicio y Passerini sostiene la posición municipal, desde el juecismo aparecen voces que cuestionan esa decisión y se alinean con el planteo del sindicato.
Una historia de nunca acabar.
