Los diputados libertarios que viajaron a Beijing afrontan un creciente escándalo político y legal tras conocerse que todos ellos habían votado, meses atrás, un convenio que otorga beneficios fiscales a empresas chinas. El viaje, pagado por Huawei —tecnológica señalada por Estados Unidos como una amenaza para su seguridad nacional—, reavivó acusaciones de posibles dádivas transnacionales y generó incomodidad en la Casa Rosada, especialmente por su impacto en la relación de Javier Milei con Donald Trump.
Como reveló LPO, la delegación estuvo encabezada por Juliana Santillán, presidenta del grupo de amistad con China, e integrada por Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez, todos pertenecientes a La Libertad Avanza. La invitación fue cursada directamente por el gobierno chino y cubierta económicamente por Huawei.
Votaron beneficios fiscales para empresas chinas y luego viajaron invitados
La polémica estalló porque los cinco diputados habían acompañado en 2024 un acuerdo para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio entre Argentina y China. El convenio reduce alícuotas, distribuye potestades tributarias y establece mecanismos que alivian la carga impositiva para las compañías de ambos países.
Desde el Congreso lo describen sin vueltas: “Es un convenio de beneficios impositivos para las empresas chinas que operan en Argentina”.
Un informe del estudio jurídico Marval —uno de los más influyentes del país y señalado como partícipe en la redacción del DNU 70/23— remarca que el listado de entidades que gozan de este trato preferencial incluye organismos como el ICBC y el Fondo para la Ruta de la Seda, y advierte que el listado puede ampliarse por acuerdo administrativo, lo que abre la puerta a que compañías como Huawei accedan al mismo régimen.
La sombra de las dádivas internacionales
Fuentes legislativas consultadas por LPO afirman que el vínculo entre la votación y el viaje es jurídicamente delicado. “Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales”, sostuvieron en Diputados.
La comparación con los estándares estadounidenses fue aún más dura: “Si esto fuera Estados Unidos, el FBI ya los hubiera detenido”, afirmó un diputado.
El factor geopolítico agrava el cuadro. Huawei fue blanco de un boicot global impulsado por la administración Trump bajo la acusación de colaborar con tareas de espionaje para Beijing. Que legisladores de un gobierno cercano a Trump acepten un viaje financiado por la empresa genera un ruido que en Washington no pasó inadvertido.
La defensa libertaria que terminó empeorando el escenario
Ante las críticas, los diputados de LLA intentaron despegarse de la acusación de haber actuado como parte de la “casta” y aclararon en redes que el viaje no fue pagado con fondos públicos. El propio presidente de la Cámara, Martín Menem, salió a respaldar esa versión.
Pero la aclaración tuvo un efecto boomerang:
al confirmar que el financiamiento provino de Huawei, evidenciaron que la empresa que costeó la visita podría beneficiarse directamente por la ley que ellos mismos aprobaron, lo que intensifica el presunto conflicto de interés.
Un frente abierto que complica al Gobierno
El episodio expone a los legisladores involucrados y suma tensión a la relación exterior del oficialismo. Beijing gana influencia mientras Washington observa con inquietud un acercamiento que contradice la alineación que Milei ha proclamado con Estados Unidos e Israel.
Con acusaciones internas de dádivas, sospechas de lobby empresarial y un inoportuno ruido diplomático, el viaje a China se transformó en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo, que ahora debe administrar un escándalo autoinfligido por sus propios diputados.