La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó recientemente un embargo por 424.095,89 dólares sobre los bienes del exlegislador Oscar González y sus hijos, Oscar Martín, Ana Carolina y Diego Raúl González. Esta medida, dictada por el juez terapieo Miguel Hugo Vaca Narvaja en marzo de 2025, se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que no está relacionada con el trágico accidente vial en el Camino de las Altas Cumbres de octubre de 2022, donde González estuvo involucrado. La decisión, ratificada el 23 de mayo de 2025, fue apelada por el abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, pero los jueces Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi la sostuvieron, considerando los riesgos procesales de que el exfuncionario obstruya la investigación o eluda la justicia.
La investigación se centra en el origen de los fondos utilizados por González para adquirir siete propiedades en los últimos 20 años, incluyendo cinco departamentos en Nueva Córdoba y dos inmuebles en Traslasierra. La fiscalía, liderada por Maximiliano Hairabedian, analiza la trazabilidad del dinero, basándose en los ingresos declarados de González, que provienen principalmente de su salario como funcionario provincial y contratos de alquiler. Además, se espera información de la Unidad de Información Financiera sobre posibles bienes adicionales no declarados.
Por otro lado, en 2023, el juez José María Estigarribia había ordenado un embargo anterior por 22 millones de pesos sobre dos inmuebles de González, relacionados con una demanda civil por el accidente de 2022, que causó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y graves lesiones a dos adolescentes. Este embargo afectó un departamento en Nueva Córdoba y una casa en Villa Dolores, aunque la transferencia de estas propiedades a sus hijos en febrero de 2023 complicó su ejecución. La declaración jurada de González de 2020, que reportaba 11 inmuebles por 4 millones de pesos, fue calificada como “irrisoria” por el juez, quien descubrió que el exlegislador poseía 17 propiedades, además de un Audi Quattro y 92.158 dólares.
Un punto destacado del caso es la mansión en San Javier, registrada como “baldío” con un valor fiscal de 192.820,95 pesos, pero valuada en al menos 250.000 dólares según expertos inmobiliarios, lo que generó sospechas sobre la transparencia de las declaraciones patrimoniales de González. Actualmente, el exlegislador permanece en prisión domiciliaria por cuatro meses, prorrogables, mientras la justicia federal continúa investigando.
El caso ha generado un fuerte impacto político y social en Córdoba, poniendo en cuestión la gestión patrimonial de uno de los exdirigentes más influyentes del peronismo cordobés, y se espera que el juicio por el accidente vial se lleve a cabo en 2025.