La Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, aprobó una contratación por hasta $81 millones para comprar gaseosas, aguas con y sin gas, jugos y bebidas isotónicas destinadas a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la Residencia de Chapadmalal. La cifra, extraordinaria para un insumo menor como bebidas, generó un fuerte revuelo político por el contraste con el discurso oficial de austeridad y recorte.
El expediente contempla una provisión masiva de bebidas, algunas de ellas premium, en volúmenes muy superiores a los registrados en gestiones anteriores. En un contexto de restricciones presupuestarias, eliminación de programas sociales y reducción del gasto estatal, la decisión de asignar decenas de millones a gaseosas resultó especialmente llamativa.
La medida también expuso a Karina Milei, considerada la figura de mayor influencia en el Gobierno, como responsable directa del pedido. Mientras la administración Milei reclama sacrificios a jubilados, trabajadores y beneficiarios de planes, la compra de bebidas por un monto millonario abrió una grieta interna y despertó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, donde algunos funcionarios reconocen en privado que es un gasto “difícil de defender”.
La oposición no tardó en denunciar la contradicción entre la narrativa de la “austeridad libertaria” y un gasto que, a simple vista, parece superfluo. La Secretaría General no ofreció explicaciones adicionales más allá de la publicación del acto administrativo, alimentando aún más el malestar político.
El episodio se suma a otras decisiones del Gobierno sobre compras internas y contrataciones millonarias que ya habían generado ruido. En medio de una situación social delicada, destinar hasta $81 millones en gaseosas aparece como un nuevo tropiezo comunicacional y político que erosiona la credibilidad del relato oficial.