La Calera vuelve a quedar atrapada en el centro de un nuevo escándalo institucional. Esta vez, la denuncia penal presentada por la concejala Analía Beatriz Marcos destapa un presunto mecanismo de peculado y facturación apócrifa dentro del municipio, con un protagonista directo: Rodrigo Bustos, Secretario de Infraestructura y hombre de extrema confianza del intendente Fernando Rambaldi, cuya gestión queda seriamente cuestionada por la gravedad de los hechos.
Según la presentación, un comerciante de la ciudad —Carlos Alberto Riccione— descubrió que el municipio tenía registrada una factura electrónica por $81.900, emitida supuestamente desde su comercio, pagada “en efectivo” y con la firma del propio Bustos. El problema es que Riccione jamás emitió esa factura, jamás vendió los insumos descriptos y jamás recibió un peso.
La situación se tornó todavía más escandalosa cuando una empleada municipal se presentó en el negocio del comerciante, le mostró la factura y, según relata la denuncia, exhibió un documento con sellos oficiales y la firma del secretario. Una factura falsa, con clave fiscal utilizada sin autorización y con un circuito administrativo que —de confirmarse— sólo puede funcionar con complicidades internas.
Pero lo más inquietante es que no sería un caso aislado. Según recoge la denuncia, entre los vecinos circula la versión de que otros comerciantes habrían atravesado episodios similares, mencionándose incluso a la tradicional Pinturería Monasterolo, ubicada en pleno centro de La Calera. Si se confirma, estaríamos frente a un esquema sistemático de falsificación de facturas para justificar gastos inexistentes con dinero público.
Un secretario en la mira y un intendente que no puede mirar para otro lado
El delito denunciado es peculado, una figura gravísima dentro del Código Penal: se trata, concretamente, de la sustracción o apropiación de fondos públicos por parte de un funcionario. No estamos ante un “error administrativo”, ni un problema técnico con un sistema de facturación: estamos ante la posible existencia de un circuito deliberado para vaciar recursos del Estado municipal.
La denuncia detalla además que la factura trucha aparece marcada como “pagada en efectivo”, un dato clave: si el comerciante niega haber cobrado, surge inevitable la pregunta que atraviesa toda la presentación judicial:
¿Dónde está el dinero?
La gravedad del caso golpea de frente al secretario Rodrigo Bustos, pero inevitablemente arrastra al intendente Rambaldi. Nada en un municipio —y mucho menos el gasto en efectivo— ocurre sin conocimiento político. Si Bustos actuó solo, Rambaldi deberá explicarlo. Si actuó con aval o cobertura, la situación institucional podría volverse aún más grave.
En cualquier caso, el intendente no podrá refugiarse en el silencio, ni esquivar la responsabilidad política que le cabe por hechos que, a simple vista, comprometen la transparencia y la administración de fondos del Estado municipal.
Una denuncia que exige respuestas ya
La concejala Marcos solicitó allanamientos, la citación de empleados municipales y la intervención de ARCA para rastrear la emisión electrónica de la factura. La investigación podría revelar un entramado todavía más extenso, en el que la falsificación de documentos y la manipulación de recursos públicos no serían excepciones sino metodología.
La Calera merece explicaciones urgentes. Y sobre todo, merece saber si el dinero que ingresa a las arcas municipales termina en los servicios que deberían recibir los vecinos, o si se pierde en un sistema opaco que ahora empieza a salir a la luz.
La Justicia tiene la palabra. Pero la política también. Y en este caso, las responsabilidades apuntan directo al corazón del gabinete de Rambaldi.