El feudalismo de cabotaje: cuando la intendencia se confunde con el patrimonio personal
La gestión de Adela Arning en Mendiolaza ha cruzado todos los límites institucionales y morales. Lejos de representar los valores de transparencia y republicanismo que tanto pregona la nueva política, la jefa comunal protagonizó un sainete berreta que desnuda los peores vicios del poder: utilizar los recursos y al personal del Estado municipal para beneficio propio, y luego castigar a los trabajadores por haberlo evidenciado.
La maniobra es de una crudeza alarmante. Tras ser descubierta infraganti por los vecinos utilizando empleados públicos para realizar tareas de jardinería y mantenimiento en su domicilio privado, lejos de asumir su responsabilidad o pedir disculpas, Arning redobló la apuesta. En una resolución tan absurda como incriminatoria, pidió la suspensión de los trabajadores municipales. ¿El verdadero motivo? No haber hecho bien el trabajo para su majestad y, fundamentalmente, haberse atrevido a filmar lo que sucedía para protegerse de semejante ilegalidad.
Una «confesión de partes» que desnuda la impunidad
La mencionada resolución municipal constituye, en los hechos, una prueba categórica de cargo. La propia intendenta admite negro sobre blanco que los empleados estatales fueron enviados a su propiedad y que ingresaron porque una empleada doméstica les abrió la puerta.
¿Quién le da órdenes a una empleada en un domicilio particular si no es el dueño de casa? La respuesta es un insulto a la inteligencia de los vecinos de Mendiolaza.
Con este escrito, Arning aplica el viejo axioma jurídico: «A confesión de partes, relevo de pruebas». La funcionaria ratifica su accionar arbitrario, sumando un eslabón más a la causa penal que avanza en la Fiscalía en lo Penal y Económico. Queda claro que para esta administración, el municipio es un botín y los empleados municipales, servidumbre de estancia.
Coacción, amenazas y persecución laboral
Lo más grave de este atropello no es solo la malversación de recursos públicos, sino el clima de coacción y abuso de autoridad al que son sometidos los trabajadores.
Ingreso bajo coacción: Los empleados debieron cumplir tareas en un domicilio privado bajo la sombra constante de sufrir represalias o perder sus fuentes de trabajo.
El instinto de supervivencia: Ante el temor lógico de ser cómplices de un delito, los trabajadores atinaron a registrar con sus celulares el desvío de funciones al que eran obligados.
Castigo al eslabón más débil: Hoy, la respuesta del Ejecutivo es la persecución gremial y las suspensiones, intentando disciplinar el terror mediante el chantaje laboral.
Basta de impunidad
La ciudadanía de Mendiolaza no puede ni debe naturalizar estos atropellos. La gravedad institucional de los hechos exige una condena social implacable y el avance firme de la justicia penal y económica.
Desde este espacio abrazamos y nos solidarizamos profundamente con los trabajadores municipales, rehenes de una gestión autoritaria que confunde la administración pública con una estancia privada. Los vecinos autoconvocados exigimos el cese inmediato de las persecuciones, respeto irrestricto a los derechos laborales y, sobre todo, ética y decencia en quienes nos gobiernan.
¿Qué otra prueba necesita la justicia para ponerle fin al festival de arbitrariedades de la intendenta Arning?