Un vecino presentó una denuncia penal contra Adela Arning y pidió que se investigue el supuesto uso de camiones, maquinaria y personal municipal para retirar poda del inmueble donde residiría la intendenta. Aportó un video y reclamó que la Municipalidad entregue las órdenes de trabajo y las hojas de ruta de los vehículos.
La gestión de Adela Arning en Mendiolaza quedó bajo una fuerte sospecha que ahora deberá ser despejada por la Justicia.
Un vecino de la localidad presentó una denuncia penal formal contra la intendenta y contra los funcionarios, agentes o empleados municipales que pudieran resultar responsables, a raíz de un episodio que, de comprobarse tal como fue denunciado, implicaría un uso particularmente grave de recursos públicos para atender una necesidad de carácter privado.
Según consta en la presentación realizada ante la Unidad Judicial de Villa Allende, el viernes 28 de agosto, alrededor de las 10.30, el denunciante aseguró haber observado en la intersección de las calles París y De la Luna, en barrio El Alto, un camión identificado con la Municipalidad de Mendiolaza, una máquina cargadora tipo Bobcat y cinco operarios municipales.
Hasta allí podría tratarse de una tarea municipal habitual. El problema es dónde y para qué, según la denuncia, estaban trabajando.
El escrito sostiene que todo ese despliegue de bienes y personal estatal estaba destinado a retirar una importante cantidad de poda proveniente del interior de un inmueble residencial que sería propiedad y/o residencia habitual de la propia intendenta Adela Arning.
El denunciante afirma haber observado directamente a los empleados municipales entrando y saliendo del inmueble privado, trasladando ramas, restos de poda y herramientas para cargarlos en los vehículos pertenecientes al Estado municipal.
La pregunta es inevitable: ¿quién pagó esa tarea?
Porque si efectivamente se utilizaron trabajadores municipales, un camión del municipio, una máquina pesada y herramientas públicas para limpiar una propiedad privada vinculada a la intendenta, no estaríamos ante un simple favor menor. Estaríamos ante un hecho que merece una explicación contundente.
El propio denunciante plantea que podría haberse producido la utilización de recursos materiales y humanos financiados por el erario público para beneficio particular, y pide que la Justicia determine si existió alguna conducta delictiva.
Y ahí está el núcleo del escándalo: los bienes municipales no pertenecen a un intendente ni a sus funcionarios. Pertenecen a los vecinos.
La denuncia, además, no se limita a una acusación verbal. El vecino aseguró haber registrado los hechos con su teléfono celular y entregó un video en el que, según afirma, pueden observarse el camión municipal, la Bobcat, las herramientas y el accionar de los trabajadores dentro de la propiedad.
También solicitó que la Municipalidad de Mendiolaza entregue documentación oficial: las hojas de ruta, las órdenes de trabajo correspondientes a la Bobcat y al camión y la nómina del personal que se encontraba prestando servicios a las 10.30 del día denunciado.
Es decir, hay una manera concreta de empezar a determinar qué ocurrió.
Si existía una orden municipal legítima, deberá aparecer en los papeles. Si no existía, también será un dato relevante.
El denunciante pidió además una inspección judicial para determinar la titularidad y/o habitación del inmueble ubicado en París y De la Luna.
La presentación fue realizada como denuncia penal formal y solicita que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública. También pide que las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía de Instrucción competente para iniciar la investigación penal preparatoria.
Por supuesto, una denuncia no equivale a una condena y será la investigación judicial la que determine si existió o no un delito.
Pero hay algo que ya no puede hacerse: mirar para otro lado.
Porque si un municipio utiliza maquinaria pesada, vehículos, herramientas y trabajadores pagados por los vecinos para resolver gratuitamente una tarea dentro de la vivienda particular de quien conduce el Ejecutivo municipal, el problema no es solamente político: es institucional.
Y si, por el contrario, la intendenta tiene una explicación legal y administrativa para semejante despliegue, debería darla públicamente y explicar por qué recursos de todos terminaron trabajando en un inmueble privado.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió.
Pero la pregunta ya está instalada en Mendiolaza:
¿LOS RECURSOS DE LOS VECINOS SE ESTÁN USANDO PARA LOS VECINOS O PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS PRIVADOS DEL PODER?