El Tribunal Superior de Justicia le puso un freno a la conducción política de La Calera y ordenó que el Concejo Deliberante vuelva a funcionar como corresponde, después de una serie de denuncias por maniobras que habían puesto al cuerpo legislativo al borde del descontrol institucional.
El revés alcanza directamente al intendente Fernando Rambaldi y a la presidenta del Concejo, Silvina Barotto, cuestionados por la oposición por el manejo de las sesiones y por decisiones tomadas en medio de fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del cuerpo.
El episodio más escandaloso ocurrió cuando no había quórum para sesionar. En una sesión del 26 de marzo solamente estuvieron cuatro de los nueve concejales. Pero en lugar de respetar las reglas y esperar a que se cumpliera el procedimiento correspondiente, se incorporó a una concejala suplente y se consiguió así la mayoría necesaria para avanzar con decisiones que impactaban directamente en el bolsillo de los vecinos.
¿El resultado? Aumentos en la tasa de agua y modificaciones en la Ordenanza Impositiva Municipal.
La oposición denunció además convocatorias realizadas a contrarreloj, cambios de horarios y lugares y proyectos tratados sin el recorrido habitual por las comisiones.
Ahora el TSJ ordenó que todo vuelva al esquema institucional que estaba vigente antes de estos episodios y dejó una advertencia contundente: las sesiones deberán ser comunicadas correctamente a todos los concejales y no se podrán meter suplentes por la ventana para fabricar mayorías.
El mensaje del máximo tribunal provincial es difícil de disimular: el Concejo Deliberante no puede funcionar como una escribanía del poder de turno.
Si no hay quórum, no hay quórum. Si no están los votos, no están los votos. Y si un proyecto debe pasar por las instancias correspondientes, debe hacerlo.
Lo que quedó en evidencia en La Calera es que cuando las mayorías no aparecían, hubo intentos de encontrar caminos alternativos para conseguirlas.
Ahora el TSJ puso un límite.
Rambaldi y Barotto recibieron un duro cachetazo institucional. Y el Concejo Deliberante deberá volver a funcionar con reglas, no con maniobras.