Un nuevo escándalo golpea al organismo que debería ser garante de la seguridad social. La ANSES quedó en el centro de una denuncia por presuntas maniobras de sobreprecios y direccionamiento en la contratación del servicio de limpieza para las delegaciones del Norte, Noreste y Noroeste del país.
Según la información que trascendió, la adjudicación recayó en la firma La Mantovana, una empresa que arrastra cuestionamientos por evasión de aportes a la seguridad social mediante la utilización reiterada de procedimientos preventivos de crisis y que ya había sido observada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por su conformación societaria.
El primer dato que enciende alarmas es el monto. La Mantovana presentó inicialmente una oferta cercana a los 10.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, tras la aparición de otra competidora —Ezca— con una propuesta más baja, redujo su cotización en casi un 40%. La sola existencia de esa diferencia abre una pregunta inquietante: de no haber mediado competencia, ¿el Estado habría convalidado un contrato con un sobreprecio estimado en 4.000 millones de pesos?
Pero aun con la rebaja, la polémica no se disipó. Ezca habría ofertado el mismo servicio por 4.400 millones de pesos, mientras que finalmente el contrato fue adjudicado a La Mantovana por 5.900 millones. Es decir, una diferencia inicial de 1.500 millones de pesos por exactamente la misma prestación.
Las irregularidades no terminarían allí. Fuentes del sector sostienen que la rentabilidad real del negocio no está solo en la adjudicación sino en la ejecución: cotizar un servicio completo y luego prestar hasta un 40% menos, cobrando el 100% del precio pactado. De hecho, se asegura que el 35% de los edificios incluidos en el contrato se limpian con una dotación de personal inferior a la exigida en el pliego.
El trasfondo político también agrega tensión. La operación habría contado con el amparo de funcionarios vinculados tanto al entorno del ministro Luis Caputo como al espacio del embajador y exgobernador Daniel Scioli, lo que amplifica la dimensión del escándalo y compromete a sectores de peso dentro del oficialismo.
En un contexto de ajuste y recorte de partidas que afecta a jubilados y beneficiarios de programas sociales, la magnitud de las cifras involucradas genera indignación. Mientras se discuten haberes y se endurecen requisitos para acceder a prestaciones, millones de pesos podrían haberse desviado en un contrato que, lejos de garantizar transparencia y eficiencia, deja más dudas que certezas.
La investigación administrativa y judicial que pueda abrirse será clave para determinar responsabilidades. Lo que ya está claro es que, de confirmarse estas maniobras, no se trataría solo de un problema de limpieza en edificios públicos, sino de una mancha profunda sobre la gestión de los recursos de la seguridad social.