El economista vinculado al narcotráfico se negó a declarar. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», difundió un comunicado de su defensa.
El ex diputado nacional José Luis Espert se presentó este martes ante los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el juez Lino Mirabelli en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.
El economista optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito junto a una serie de pruebas documentales para respaldar su postura.
«No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», afirmó de manera escueta Espert al retirarse de la sede judicial minutos antes de las 12, tras haber ingresado poco antes de las 10 de la mañana.
A la par de su salida, la defensa del legislador libertario difundió un comunicado en el que aclaró que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para «reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo».
En el texto subrayó: «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos».
En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.
Según precisaron, estos correos «documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago» investigado, calificándolos como documentos de la época «técnicamente inalterables y verificables».
Por este motivo, solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.
La audiencia, que habia sido postergada la semana pasada por pedido de la defensa de Espert, comenzará a las 10.30 horas en los Tribunales de San Isidro.
La investigación apunta a determinar si Espert incorporó de manera ilegal a su patrimonio fondos provenientes del empresario «Fred» Machado, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero e involucrado en causas por narcotráfico. Machado fue, además, uno de los principales aportantes de la campaña presidencial del dirigente libertario en 2019, tanto con apoyo económico como logístico.
Además de Espert, también fueron citados a indagatoria el contador Mariano Cosentino y representantes de la empresa Varianza, señalada en el expediente como una de las estructuras presuntamente utilizadas para concretar las maniobras investigadas.
Según la acusación, el legislador habría blanqueado alrededor de 200 mil dólares mediante la compra de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus— y aportes al fideicomiso Dunas, ubicado en Costa Esmeralda.
La causa tomó impulso el año pasado luego de que la Justicia estadounidense detectara vínculos económicos entre Machado y Espert. De acuerdo con la investigación, en febrero de 2020 el economista recibió una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares proveniente Wright Brothers Aircraft Title Inc, de un fideicomiso vinculado al empresario que habría utilizado para lavar dinero del narcotráfico.
Espert negó que se tratara de maniobras ilegales y sostuvo que el dinero correspondía al pago por un trabajo de consultoría realizado para la empresa Minas del Pueblo, en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía determinó recientemente que el contrato presentado por el diputado sería falso: los investigadores concluyeron que Espert nunca estuvo en Guatemala y que la empresa no se encontraba activa al momento de firmarse el contrato.
En ese marco, la Justicia busca establecer si el dinero tuvo un origen lícito o si formó parte de una maniobra de lavado de activos. Mientras avanza la investigación, continúan vigentes las medidas cautelares dispuestas por el juez Mirabelli, entre ellas la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de integrantes de su entorno familiar, lo que les impide modificar su situación patrimonial hasta que avance la causa.