Dos hechos son claves en el marco de la causa en la que se investiga una estafa millonaria por sobrefacturación al Pami de Río Cuarto: el paso del senador nacional, que integra el órgano encargado de nombrar y destituir jueces y fiscales, decretando la inocencia de Marcos Carasso, su ex candidato a vicegobernador involucrado en la causa; y la inexplicable decisión de la delegación PAMI de Río Cuarto, órgano que controla el diputado karinista Gabriel Bornoroni, de no presentarse como querellante para defender los intereses de los jubilados, dueños del dinero del PAMI.
La visita de Juez en Río Cuarto generó tensiones en el fuero federal de esa ciudad. Luis Juez intentó aliviar con su testimonio la situación judicial de su ex compañero de fórmula, Marcos Carasso, imputado por tráfico de influencias en la causa por una estafa millonaria al Pami de Río Cuarto. Su presencia generó un fuerte impacto mediático. Sin embargo en la Justicia Federal le restaron importancia a lo que declaró.
El senador neolibertario intentó normalizar el comportamiento que se le achaca a Carasso, encuadrando el contacto del ex presidente de la UCR Córdoba con los empresarios acusados de defraudación como gestiones de rutina, pero el fiscal Rodolfo Cabanillas entiende que puede tratarse de una maniobra delictiva.
El expediente abierto contra Carasso considera que podría haber en juego una expectativa económica en favor del presunto intermediario. La sospecha es que el ex diputado podría ser parte de un negocio ilegal, en perjuicio de la delegación local de PAMI, que una auditoría interna cuantificó en $600 millones, aunque proyecciones extraoficiales estiman en cerca de $ 1.400 millones para el instituto.
Fuentes bien informadas del ámbito tribunalicio tacharon la exposición de Luis Juez como poco menos que irrelevante para el caso, donde el ex titular de la UCR, hoy devenido en libertario, está sospechado por tráfico de influencias pasiva.
Así y todo, la sola presencia de un miembro del Consejo de la Magistratura, que además cultiva un alto perfil mediático, generó un estado de nerviosismo en los pasillos judiciales.
Frente a la consulta sobre si interpretaban el arribo de Juez como una jugada de presión sobre el juez federal Carlos Ochoa, la respuesta judicial fue concreta: “a nosotros nadie nos presiona. Nadie”.
Una voz en el teléfono
La acusación contra Carasso se basa en registros de comunicaciones telefónicas que demostrarían que el dirigente radical atendió y canalizó pedidos de los empresarios Pablo Adzich y Gonzalo Lima —imputados y procesados en la causa— cuando tenían algún problema con el PAMI.
Postura inexplicable del PAMI Río Cuarto
La obra social de los jubilados, inexplicablemente, no se constituyó como querellante en la causa por defraudación en su contra, a pesar de ser damnificada directa.
Fuentes de la Justicia Federal explican que esta omisión suele darse cuando los organismos del Estado son las víctimas, quedando la representación de los intereses estatales y de la ciudadanía a cargo de las fiscalías. Sin embargo, también aclaran que hay ejemplos en contrario, y este sentido recuerdan el rol activo que suele adoptar el organismo recaudador ARCA.
Al respecto el titular del PAMI Río Cuarto, Leonardo Farina, no dio aún una respuesta oficial sobre la postura de. Su hermetismo total sobre el asunto es total.
Farina es un hombre del ex candidato a Intendente Gabriel Abrile -que quiere postularse nuevamente en 2028-. Este año, Abrile dio el salto formal del radicalismo a La Libertad Avanza, pero desde hace mucho tiempo tiene vínculo directo con Gabriel Bornoroni, el delegado de Karina Milei en Córdoba.
Cómo se destapó la olla y cómo sigue
La causa judicial por defraudación y asociación ilícita en perjuicio de PAMI Río Cuarto surge por la denuncia de un grupo de trabajadoras de la delegación que eran víctimas de acoso laboral. A través de correos anónimos de tono difamatorio que circulaban entre el personal, ellas eran acusadas de supuestas irregularidades que nunca fueron denunciadas a la Justicia.
Estas tres empleadas jerárquicas tenían un denominador común: todas revestían funciones en áreas clave de supervisión y podían ver los movimientos -de facturación, de prestaciones y de cápitas- que alguien no quería que vieran. En un punto, su lugar de trabajo se les hizo insoportable por el nivel de hostilidad del segundo jefe de sede.
En ese momento, ellas llevaron el caso ante el fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, y apuntaron al segundo mando de la UGL 36, el coordinador médico Víctor Genesio, actualmente imputado en esta causa por acoso digital y laboral, y con un proceso de desafuero de PAMI central (es delegado de Sutepa).
Cabanillas no se contentó con leer el contenido difamatorio de los correos anónimos, sino que decidió indagar sobre el trasfondo del hostigamiento y por qué alguien quería sacarse de encima a todo el personal de supervisión. Fue así que abrió una segunda causa, esta vez por defraudación y asociación ilícita para perjudicar al Estado nacional.
Le pidió informes al nuevo director de PAMI Río Cuarto, Leonardo Farina, que llegó al cargo para poner el organismo en orden cuando el escándalo de la sobrefacturación ya le había explotado en las manos a su antecesor: otro radical con peluca, Santiago Pinasco.
La auditoría interna del PAMI detectó una sobrefacturación de 600 millones de pesos de parte de una sola empresa. La firma Ethical Salud, prestadora de servicios de rehabilitación, había inflado todos los números desde mediados de 2024 a septiembre de 2025 para beneficiarse a costa del instituto.
Extraoficialmente, se estima que la maniobra le podría haberle causado un perjuicio total de $1.400 millones a la obra social de los jubilados nacionales.
Entre otros ardides, Ethical Salud habría acortado los tratamientos para cobrarlos por completo, facturando sistemáticamente las prácticas más costosas, las del módulo de hospital de día de jornada simple, prescripto para la recuperación de cuadros complejos como ACV.
En definitiva, lo que daban como prestación era muchísimo menos en comparación con lo que cobraban.