La Fábrica Argentina de Aviones volvió al centro de la escena tras dos denuncias internas que derivaron en una investigación de la Oficina Anticorrupción. La filmación del retiro de 10 mil dólares en efectivo, contratos firmados sin aval del directorio y presuntos intentos de represalia contra los denunciantes configuran un cuadro de irregularidades que compromete directamente a la gestión de Luis Petri y tensiona la narrativa de austeridad del gobierno nacional.
El escándalo que estalló en FAdeA se transformó en una bomba de profundidad dentro del Ministerio de Defensa y en una amenaza inmediata para la credibilidad del gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como dos denuncias internas realizadas por técnicos de la planta cordobesa en agosto de 2025 terminó escalando hasta la Oficina Anticorrupción y derramándose sobre los medios, convirtiéndose en un caso que sintetiza —con una crudeza inusual— las tensiones internas, las grietas de control y los abusos de poder que proliferan en un organismo estatal atravesado por el ajuste, el secretismo y la improvisación. En buena parte de la prensa ya es presentado como otro capítulo de la “corrupción libertaria”, un contraste incómodo para un gobierno que insiste en haber “terminado con la casta”.
La reconstrucción cronológica del caso muestra un deterioro progresivo y un patrón de irregularidades cada vez más graves, impulsadas desde la conducción de la empresa y cubiertas bajo la burocracia interna hasta que la evidencia se volvió demasiado visible como para seguir ocultándola. El 19 y 20 de agosto de 2025, técnicos de la planta presentaron denuncias por pagos indebidos ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance. Esa área, dirigida por Julia Enríquez, abrió los expedientes 1/2025 y 2/2025, el punto de partida de una investigación destinada a esclarecer qué había sucedido detrás de la renegociación de contratos con proveedores privados.
La figura que concentra la mayor parte de las sospechas es la del presidente de FAdeA, Julio Manco, quien había asumido en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Su desembarco —respaldado por antecedentes en HSBC, por su paso en la gestión de Mauricio Macri y por su posterior alineamiento con el proyecto libertario— marcó un giro profundo en la conducción de la empresa: controles debilitados, discrecionalidad creciente y una relación distante, cuando no directamente prescindente, con los mecanismos institucionales de aprobación.
El dato que encendió todas las alarmas fue la filmación interna que registró el retiro en efectivo de 10 mil dólares dentro de las instalaciones de FAdeA, una operación que no quedó debidamente asentada en los registros contables. La existencia del video convierte un rumor administrativo en una evidencia difícil de minimizar. A esto se suma la denuncia de contratos firmados sin el aval del directorio, algunos de ellos vinculados a empresas con las que la nueva gestión renegoció valores y condiciones sin justificación técnica, económica ni legal.
Pero acaso el aspecto más sensible de la investigación sean los presuntos intentos de represalia contra los denunciantes, un mecanismo clásico de disciplinamiento interno que incluyó amenazas veladas, cambios de función y presiones directas para que retiraran los planteos realizados. En un organismo militarizado por su propia cultura institucional, el hostigamiento hacia quienes denuncian irregularidades no es un dato menor: compromete no solo a la cúpula de FAdeA sino también al Ministerio de Defensa, que debería garantizar un ambiente de transparencia y protección para los trabajadores que alertan sobre desvíos.
La Oficina Anticorrupción tomó intervención tras recibir formalmente las actuaciones internas y analiza por estas horas documentación, registros de acceso, movimientos de caja, actas de directorio y comunicaciones internas. También evalúa la responsabilidad jerárquica de Manco y la cadena de decisiones que habilitó las maniobras bajo sospecha.
Mientras tanto, en Defensa intentan contener el daño político. Para Luis Petri, que ya atravesaba cuestionamientos por la gestión de compras y la situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas, el caso FAdeA representa un golpe en un área particularmente sensible: una empresa estatal estratégicamente expuesta, históricamente observada por la oposición y que ahora vuelve a convertirse en símbolo de desorden administrativo, falta de control y discrecionalidad política.
El episodio desnuda, además, los límites del discurso oficialista sobre la transparencia. La retórica de ruptura con la “casta” convive con prácticas que reproducen las mismas lógicas que el gobierno prometió erradicar: arbitrariedad, favores a privados, debilitamiento de los controles y persecución interna hacia quienes deciden denunciar.
La investigación recién comienza, pero los testimonios, los documentos y el material audiovisual ya dibujan un escenario complejo. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá el futuro institucional de FAdeA, sino que también pondrá a prueba —otra vez— la consistencia del gobierno en materia de ética pública. El caso, por ahora, no deja dudas: la austeridad declamada no siempre coincide con lo que sucede puertas adentro.