La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quedó envuelta en una polémica después de celebrar su cumpleaños en una dependencia de Gendarmería Nacional, con más de cien invitados y la participación de la banda de la propia fuerza. Según publicó La Política Online, además quedaron interrogantes sobre quién afrontó el catering del festejo.
La discusión excede largamente un cumpleaños. La pregunta es mucho más seria: ¿hasta dónde pueden los funcionarios utilizar instalaciones, personal o recursos de las fuerzas que dependen del Estado para actividades particulares?
Y Córdoba ya conoce una polémica sorprendentemente parecida.
El 1° de mayo de 2022, un locro organizado por el Frente Cívico de Luis Juez terminó bajo investigación de la Justicia Federal después de que se denunciara la utilización de personal y logística del Ejército. En las inmediaciones del acto aparecieron cuatro camiones militares con cocinas de campaña, mientras que la denuncia sostuvo que efectivos habían participado en la preparación y distribución de la comida.
Hay además un nombre que conecta aquel episodio con el actual Gobierno: Carlos Presti, hoy ministro de Defensa. En aquel momento era comandante de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba. Distintas publicaciones posteriores vincularon a efectivos bajo su órbita con aquel operativo.
El caso llegó a la Justicia por una denuncia por presunto peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Finalmente fue desestimada. Según informó Cadena 3 sobre la resolución judicial, Defensa sostuvo que la Sociedad Belgrano había solicitado el apoyo, había aportado los insumos y el combustible y que el jefe del regimiento involucrado dijo desconocer el carácter político-partidario del encuentro. También sostuvo que el comandante de la IV Brigada —Presti— no había sido informado del apoyo solicitado.
Ese dato es importante porque impide afirmar como un hecho probado que Presti personalmente “le prestó” efectivos y cocinas a Juez. Lo que sí está documentado es que el episodio ocurrió mientras Presti comandaba la IV Brigada, que hubo recursos y personal militar involucrados y que el asunto terminó investigado en la Justicia Federal.
Cuatro años después, la controversia vuelve, ahora desde Gendarmería y alrededor de la propia ministra de Seguridad.
El Gobierno que hizo de la austeridad una bandera tiene entonces una explicación pendiente: qué recursos públicos se utilizaron en el cumpleaños de Monteoliva, quién autorizó su utilización y quién pagó cada peso de la celebración.
Porque las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas pertenecen al Estado argentino. Sus instalaciones, vehículos, cocinas, bandas y efectivos no son recursos personales de ministros, senadores ni dirigentes políticos.
Y cuando el poder empieza a borrar esa frontera, el problema deja de ser un locro o una fiesta de cumpleaños. El problema es creer que lo público viene incluido con el cargo.