El Ejecutivo oficializó la medida para enfrentar un «colapso operativo» y un pasivo de $200.000 millones. La atención se escindirá entre el Ministerio de Defensa y el de Seguridad, con un estricto tope a los gastos administrativos.
Por Redacción
El Gobierno Nacional ha dado un golpe de timón definitivo en la sanidad de las fuerzas armadas y de seguridad. A través de un decreto publicado hoy, el Poder Ejecutivo oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), disponiendo su escisión en dos nuevas entidades autárquicas: la OSFA y la OSFFESEG.
La decisión, que había sido anticipada por agencias de noticias, responde a una auditoría que reveló una situación de quebranto. Según fuentes de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Defensa, el esquema anterior arrastraba un desequilibrio estructural y «irregularidades de gestiones precedentes» que derivaron en una deuda auditada de 200.000 millones de pesos. Este déficit ponía en riesgo la atención médica de más de medio millón de afiliados.
Un esquema dividido por jurisdicción
El núcleo de la reforma es la separación de las cajas y la gestión operativa según la naturaleza de la fuerza:
- OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas): Quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Abarcará al personal militar (activo y retirado), civiles de las FF.AA. y sus familias.
- OSFFESEG (Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad): Operará bajo el Ministerio de Seguridad, cubriendo exclusivamente a los efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Esta descentralización busca agilizar la gestión y terminar con los conflictos de intereses cruzados entre las distintas fuerzas.
El «blindaje» de los fondos
Para evitar que la historia de desfinanciamiento se repita, el decreto impone un «cepo» a los gastos burocráticos. Las nuevas entidades deberán regirse por una estructura de costos rígida:
- El 80% de los ingresos deberá destinarse obligatoriamente a prestaciones médico-asistenciales.
- Los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8%.
- El 12% restante podrá usarse para otras prestaciones sociales, solo si la salud está garantizada.
Asimismo, se elevará la vara para los directorios: los nuevos funcionarios deberán acreditar idoneidad técnica en salud y administración, y estarán bajo la lupa constante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Transición y urgencia en el interior
El Gobierno ha conformado una Comisión Especial Ad-Hoc (con representantes de Economía, Salud, Defensa y Seguridad) para asegurar que el traspaso de activos y afiliados no interrumpa los tratamientos en curso ni la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO).
La urgencia de la medida se explica por situaciones críticas en el interior del país. Un caso testigo es Punta Alta, ciudad clave para la Armada, donde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) denunció que 42.000 personas —más de la mitad de la población local— sufren cortes constantes en los servicios básicos de salud debido a la crisis del extinto IOSFA.
Con esta reestructuración, el Ejecutivo promete no solo sanear las cuentas, sino devolver la previsibilidad al sistema de salud de quienes velan por la defensa y la seguridad nacional.