A través del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso: solo pagarían quienes perciben salarios brutos mayores a $150 mil mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280) . De esta forma, el tributo sólo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.
La iniciativa busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.
Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de $ 74.810 y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos. La cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000 . En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.
El texto incluye además un aumento en las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.
Alrededor de 730 mil trabajadores que perciben más de $173.000 continuarán pagando el impuesto sin cambios.
El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar.