Las sospechas de corrupción en la Casa Militar comenzaron a escalar en las últimas semanas tras denuncias internas y documentos que apuntan a supuestas contrataciones irregulares, manejo discrecional de fondos reservados y posibles sobreprecios en servicios vinculados a logística y seguridad presidencial.
La principal acusación recae sobre un grupo de funcionarios y asesores administrativos que trabajan dentro de la órbita de la Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad del presidente, la custodia de la residencia de Olivos y la coordinación de traslados oficiales. Entre los nombres mencionados aparece el actual jefe operativo del área logística, señalado por supuestos direccionamientos de contratos y autorizaciones de gastos sin los controles habituales.
Según trascendió, las sospechas surgieron luego de auditorías internas y reportes elevados por personal administrativo que detectó diferencias entre los montos pagados y los servicios efectivamente prestados. La investigación también se concentra en compras de equipamiento, alquileres de vehículos y contrataciones vinculadas a mantenimiento y tecnología.
El acusado responde políticamente a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, ya que la Casa Militar depende funcionalmente de esa estructura dentro del organigrama presidencial. Sin embargo, también existen vínculos operativos con el Ministerio de Defensa y con áreas de seguridad federal.
Entre las pruebas que comenzaron a circular aparecen órdenes de compra cuestionadas, registros de transferencias, expedientes administrativos con presuntas inconsistencias y testimonios de empleados que habrían advertido maniobras irregulares. Además, fuentes vinculadas a la investigación aseguran que se detectaron proveedores repetidos en distintas contrataciones directas y facturación por encima de valores de mercado.
Otro de los elementos bajo análisis son los movimientos presupuestarios realizados durante los primeros meses del año, donde se habrían aprobado ampliaciones de partidas sin justificaciones técnicas completas. La sospecha de los denunciantes es que parte de esos fondos terminó beneficiando a empresas cercanas a funcionarios del área.
Hasta el momento no hay imputaciones judiciales firmes, pero sectores de la oposición ya reclamaron la apertura de una investigación parlamentaria y la intervención de la Oficina Anticorrupción. Desde el Gobierno intentaron bajar el tono de la polémica y sostienen que “no existe ninguna maniobra ilegal”, aunque admiten que se revisarán procedimientos administrativos internos.
En la Casa Rosada crece la preocupación por el impacto político del caso, especialmente porque la administración de Javier Milei construyó buena parte de su discurso público alrededor de la transparencia y la eliminación de privilegios dentro del Estado.