Presuntas coimas en Discapacidad: piden detener a Diego Spagnuolo y la causa salpica a Karina Milei
El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló al máximo nivel. El fiscal federal Franco Picardi pidió la detención del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y de otras cinco personas, al considerar acreditado un “esquema estructurado y sostenido” para direccionar contrataciones millonarias hacia empresas amigas a cambio de retornos ilegales.
La investigación apunta a un circuito de poder que habría operado dentro y fuera del organismo, manipulando licitaciones y adjudicaciones de insumos y medicamentos de alto costo. Según el expediente, Spagnuolo habría supervisado la maniobra desde su despacho y permitido el ingreso de operadores privados que actuaban como intermediarios entre droguerías beneficiadas y funcionarios.
El caso explotó con la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo —hoy bajo peritaje judicial— en los que, además de describir el presunto sistema de coimas, menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Las grabaciones, cuya autenticidad aún se analiza, generaron un fuerte impacto político porque exponen tensiones dentro del propio oficialismo y reavivan sospechas sobre el verdadero alcance del esquema. La Casa Rosada niega de manera tajante cualquier vínculo y atribuye la mención a maniobras “sin sustento”.
Mientras tanto, la Justicia avanza. En los allanamientos secuestraron teléfonos, computadoras y documentación sensible, además de encontrar en una caja de seguridad vinculada a Spagnuolo 80 mil dólares y 2 mil euros cuyo origen no logró justificar. También declararon testigos que aseguraron haber sido advertidos sobre el funcionamiento del mecanismo antes de que el caso estallara públicamente.
Spagnuolo —que declaró un patrimonio de casi $81 millones— analiza convertirse en imputado colaborador para atenuar su situación. En tribunales aseguran que, si lo hace, podría comprometer aún más a funcionarios del organismo y a actores del entorno político que aparecen mencionados en el expediente.
El fiscal Picardi sostiene que el presunto sistema de retornos generó un perjuicio directo al Estado y golpeó especialmente a personas con discapacidad, ya que los fondos presuntamente desviados estaban destinados a tratamientos de alto costo. El juez federal deberá decidir en las próximas horas si ordena las detenciones solicitadas.
La causa se encamina a convertirse en uno de los escándalos de corrupción más graves del año y ya comienza a pegar sobre el corazón del poder político, donde las menciones a Karina Milei agregan una tensión que el Gobierno intenta contener sin éxito.