En la primera sesión ordinaria del 147° Período Legislativo de la Legislatura de Córdoba, el legislador Gregorio Hernández Maqueda insistió en la necesidad de conformar las salas acusadora y juzgadora previstas en el artículo 114 de la Constitución Provincial, con el objetivo de garantizar el funcionamiento pleno del mecanismo de juicio político.
Según establece la Carta Magna cordobesa, ambas salas deben integrarse en la primera sesión ordinaria de cada período legislativo, independientemente de que exista o no una solicitud concreta de juicio político contra algún funcionario. En ese marco, el legislador remarcó que se trata de una obligación institucional y no de una decisión política opcional.
Hernández Maqueda señaló que el planteo no es nuevo, ya que fue impulsado también en las primeras sesiones de 2024 y 2025, sin éxito. A su entender, la falta de conformación responde a “una mayoría obsecuente del oficialismo” y a una “violación sistemática” de lo establecido por la Constitución Provincial.
La normativa vigente contempla que pueden ser sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador, los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Cuentas, ministros del Poder Ejecutivo, el fiscal de Estado, el fiscal General y el defensor del Pueblo, entre otros funcionarios, por causales de mal desempeño o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Además, cualquier ciudadano puede presentar denuncias ante la sala acusadora para promover el inicio del proceso.
Durante su intervención, el legislador lanzó fuertes críticas: “Quienes no aprueben esta iniciativa es porque claramente son cómplices de la delincuencia de guantes blancos, que es la corrupción”, sostuvo, y agregó que la herramienta está prevista en la Constitución y resulta clave para juzgar a funcionarios que incurran en irregularidades.
Finalmente, reiteró que la conformación de las salas no responde a coyunturas políticas particulares, sino al cumplimiento estricto de la Constitución, con el objetivo de fortalecer la transparencia, el control institucional y el sistema republicano en la provincia.