Zárate entregó el municipio al sindicato y puso en jaque las finanzas locales
El documento es claro, pero lo que revela es todavía más grave. El intendente Federico Omar Josué Zárate no negoció: cedió. El acta acuerdo firmada con el Sindicato de Trabajadores Municipales y enviada al Concejo Deliberante para su aprobación expone una rendición política que deja al municipio sin margen de decisión y bajo la órbita de un gremio que, en los hechos, ya condiciona el funcionamiento del Estado local.
No se trata de una paritaria más. Se trata de un acuerdo cerrado por un año completo —hasta febrero de 2027— que el Ejecutivo pretende que el Concejo simplemente convalide. Sin discusión, sin análisis presupuestario público, sin transparencia. El poder de decisión ya no está en el Palacio Municipal: fue transferido a una mesa sindical.
La señal es contundente: Zárate se dejó copar el municipio. Lo que debería haber sido una negociación equilibrada terminó en una imposición. El sindicato fijó condiciones y el intendente firmó. Y ahora intenta que el órgano legislativo legitime lo que ya está consumado.
El problema no es solo político, es también económico. Comprometer aumentos salariales a largo plazo en un contexto de inestabilidad e inflación implica poner en riesgo directo las finanzas municipales. No hay evidencia en el proyecto de ordenanza de cómo se sostendrán esos incrementos, ni qué partidas se ajustarán, ni qué servicios podrían verse afectados. Es una decisión tomada sin red, que puede derivar en déficit, endeudamiento o recortes en áreas sensibles.
La firma de la secretaria de Gobierno, Betiana Emilce Fernández, refuerza el carácter institucional de un acto que, en esencia, representa una claudicación. El Ejecutivo no conduce: ejecuta lo que el sindicato define.
Pero hay una contradicción aún más profunda que deja expuesto al intendente. Mientras en Buenos Airtes intenta mostrarse como un gestor firme, alineado con discursos de orden fiscal y responsabilidad, en Córdoba adopta otra postura. Allí, Zárate se alinea sin matices con Karina Milei y Javier Milei, replicando un discurso de ajuste y disciplina que en su propio municipio no solo no aplica, sino que contradice abiertamente.
La imagen es la de un dirigente que dice una cosa en público y hace otra en la gestión. Que habla de equilibrio pero firma compromisos que pueden desfinanciar al municipio. Que se muestra firme hacia afuera pero cede hacia adentro. Que se alinea políticamente con un gobierno nacional que predica austeridad mientras él mismo compromete recursos sin respaldo claro.
El acta acuerdo no es un trámite administrativo: es la evidencia de una derrota política. De un intendente que perdió el control de la agenda municipal y que ahora intenta que el Concejo Deliberante legitime esa pérdida de poder.
Si este esquema se consolida, las consecuencias pueden ser graves. No solo por el impacto financiero, sino por el precedente institucional: un municipio donde las decisiones centrales no se toman en el Ejecutivo ni se debaten en el Legislativo, sino que se acuerdan fuera y se imponen después.
Jesús María queda así atrapada en una lógica peligrosa: un gobierno local debilitado, un sindicato empoderado y unas finanzas que empiezan a tensionarse. Todo bajo la firma de un intendente que, lejos de conducir, eligió rendirse.