El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal para investigar un presunto contrato irregular en la obra social del sector del fósforo, Ospif, que desde diciembre de 2023 se encuentra intervenida y bajo control estatal. La denuncia apunta específicamente a Juan Manuel Picón, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), quien anteriormente fundó y dirigió la empresa de sistemas SAAS SAU.
Lo que ha generado mayor alarma es que Picón, que actualmente ocupa un cargo de jerarquía en la autoridad encargada de supervisar a las obras sociales, fundó SAAS SAU en 2021, una compañía especializada en software para obras sociales. Luego de dejar la empresa en marzo de 2024, asumió en la SSS ese mismo mes, y apenas cuatro meses después, en julio, la firma fue contratada por la intervenida Ospif, que aún sigue en proceso de recuperación y auditoría.
El fiscal argumenta que esta vinculación podría constituir negociaciones incompatibles con la función pública e incluso otros delitos como tráfico de influencias y abuso de autoridad. La denuncia también alerta sobre posibles maniobras irregulares para favorecer a la empresa de Picón, en un contexto donde la obra social del fósforo ya había sido intervenida y bajo control del Estado.
Este caso se enmarca en un panorama de múltiples episodios de corrupción y malos manejos en el sector de salud estatal y privado, que incluyen el reciente escándalo por la mala gestión en IOSFA, la crisis en varias obras sociales intervenidas, y auditorías que revelan desfalcos y irregularidades en diversas instituciones dependientes del Gobierno. La percepción general es que estos casos evidencian un patrón de gestión cuestionable, caracterizado por favoritismos, tráfico de influencias y falta de transparencia en los procesos de contratación y administración de fondos públicos.
La investigación en torno a Picón se suma a una serie de denuncias que apuntan a un sistema que, en varias ocasiones, ha sido usado para intereses particulares o para beneficiar a ciertos actores en detrimento de la salud y los derechos de los trabajadores y quienes dependen de estas obras sociales y servicios de salud.
El caso ha sido derivado al juzgado federal 5, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que deberá decidir si impulsa una investigación formal en torno a las vinculaciones y contratos que involucrarían presuntas irregularidades en el sector.