Los documentos contables de 2023 de IOSFA exponen una realidad incómoda para el Gobierno: la obra social de las Fuerzas Armadas no estaba quebrada antes de la llegada de Luis Petri, sino que mostraba superávit, crecimiento patrimonial y mejora en su liquidez.
Según esos balances, el organismo cerró el último año de la gestión anterior con un excedente cercano a los 25 mil millones de pesos, además de un resultado positivo en el ejercicio que superó los 13 mil millones. A eso se suma un dato clave: el patrimonio neto creció casi un 68% y la liquidez inmediata se disparó más de 180%, reflejando una estructura financiera que, lejos de estar colapsada, tenía margen de funcionamiento.
Estos números no solo cuestionan el diagnóstico oficial sobre la herencia recibida, sino que también ponen en tensión la narrativa libertaria que atribuye la crisis actual a la gestión de Alberto Fernández. Por el contrario, los datos muestran que IOSFA había logrado recomponer parte de su situación tras los desequilibrios previos, incluso en un contexto de alta inflación.
El contraste con la situación actual es lo que enciende las alarmas. Afiliados sin cobertura, prestaciones suspendidas y un creciente malestar dentro de las Fuerzas Armadas configuran un escenario crítico que ya no puede explicarse únicamente por factores heredados. La decisión de frenar reintegros —un mecanismo clave para casos urgentes— aparece como uno de los puntos más sensibles, ya que impacta directamente en personal activo y retirado, muchos de ellos en situaciones económicas delicadas.
Pero el dato más grave es el financiero. Según fuentes internas, la gestión actual no solo habría consumido el superávit recibido, sino que además recurrió a endeudamiento significativo. Primero con un crédito de 14 mil millones y luego con otro de 42 mil millones, ambos presuntamente impagos. Esta dinámica plantea un interrogante central: cómo una institución que partía de una posición relativamente sólida terminó en una crisis de liquidez y funcionamiento en tan poco tiempo.
En ese marco, la denuncia impulsada por Lourdes Arrieta —que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas— marca el inicio de una etapa judicial que puede escalar. La acusación apunta a presunta administración fraudulenta y malversación de fondos, lo que obligará a reconstruir decisiones, movimientos de dinero y responsabilidades dentro del Ministerio de Defensa y la conducción de IOSFA.
El eje de la investigación probablemente pase por determinar si hubo negligencia en la gestión o algo más: un posible vaciamiento. En ese sentido, los cambios de autoridades dentro de la obra social, lejos de aportar estabilidad, parecen haber acompañado un deterioro progresivo.
El caso IOSFA empieza así a transformarse en algo más que un conflicto sectorial. Se convierte en un problema político para el gobierno, porque afecta a un núcleo históricamente sensible como el de las Fuerzas Armadas y porque expone una contradicción directa entre discurso y resultados.
Si la Justicia confirma que la institución fue recibida con superávit y terminó en crisis bajo la actual gestión, el impacto no será solo administrativo. Será también un golpe a la credibilidad de un gobierno que hizo de la eficiencia y la transparencia su principal bandera.