El reciente estallido de denuncias cruzadas en torno a los controles de la noche en Córdoba abrió una verdadera caja de Pandora en el arco político local. Lejos de tratarse de un problema reciente, el debate actual vuelve a poner sobre la superficie los vínculos históricos entre los empresarios de la noche, las habilitaciones municipales y el financiamiento de la política tradicional.
En la última emisión de Jornada Política Stream, el periodista Ignacio Cadario trazó una radiografía detallada sobre el entramado que une al denominado «clan Moyano» con las sucesivas gestiones municipales de los últimos 25 años, apuntando de manera directa al rol del actual senador nacional Luis Juez durante su etapa como intendente de la ciudad (2003-2007).
El «siga siga» de un bar emblemático
El eje de la polémica se concentra en «Wachitas», un bar que, bajo diferentes formatos y mutaciones comerciales, logró sobrevivir a lo largo de un cuarto de siglo, a diferencia de otros locales nocturnos icónicos de la capital que terminaron cerrando sus puertas (como Ibiza, Porquis o Rapoza).
De acuerdo con el relevamiento histórico expuesto por Cadario, las habilitaciones de este espacio atravesaron de manera transversal a los intendentes de diversos signos políticos: desde Germán Kammerath hasta las gestiones de Ramón Javier Mestre, pasando centralmente por el período de Luis Juez y Daniel Giacomino. Todos los mandatarios, en algún momento de sus periodos, estamparon firmas que permitieron la continuidad de este local comercial nocturno.
Roberto Moyano y la campaña municipal de 2003
El punto más álgido del relato periodístico se enfoca en el año 2003, momento en que Luis Juez asumió la intendencia de la ciudad de Córdoba tras imponerse en los comicios locales. Cadario señaló de forma directa a Roberto Moyano, señalado como «el zar de la noche cordobesa», como uno de los principales financistas detrás de aquella campaña electoral que llevó al juecismo al Palacio 6 de Julio.
«En la época de Juez, Wachitas tuvo 15 habilitaciones entre 2003 y 2007. El dueño es un hombre llamado Roberto Moyano, una persona que fue procesada por explotación sexual y quien financió la campaña de Luis Juez en el 2003», afirmó Cadario frente al micrófono de Jornada Política.
Según la información histórica rescatada en el programa, la modalidad de financiamiento incluía el pago directo de pauta y espacios publicitarios en canales de televisión y emisoras radiales de la época para sostener la candidatura del por entonces líder del Partido Nuevo.
El pacto por Espectáculos Públicos y el quiebre
Los compromisos asumidos en la campaña electoral habrían tenido su contraprestación institucional en el organigrama municipal. El acuerdo político estipulaba colocar al frente de la Dirección de Espectáculos Públicos —el área encargada de fiscalizar la nocturnidad— a un funcionario designado por el propio sector empresario: Daniel Ramírez.
El objetivo de este nombramiento era garantizar que los boliches y bares funcionaran bajo una política de nula restricción horaria, extendiendo la venta de alcohol y la apertura de los locales hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, la presión y los excesos de la propia noche cordobesa terminaron hackeando la gestión de Ramírez, obligando a Luis Juez a removerlo de su cargo, lo que selló la ruptura formal de su vínculo político con Roberto Moyano.
Tras la salida de Ramírez, el control operativo de Espectáculos Públicos derivó en segundas líneas con pasados sumamente oscuros vinculados a la historia trágica de la provincia, lo que evidencia el nivel de descomposición de un área históricamente considerada un «botín» recaudatorio.
Espectáculos Públicos: una corrupción estructural
El debate expuesto en Jornada Política concluyó que la problemática de la noche en Córdoba excede a un partido político en particular, configurándose como una corrupción endémica dentro del cuerpo de inspectores y la estructura de Espectáculos Públicos que lleva más de dos décadas sin resolverse.
Las diferencias arbitrarias a la hora de exigir habilitaciones de bomberos o las denuncias latentes de pedidos de dinero a cambio de «dejar trabajar» configuran un escenario donde los intendentes pasan, pero las estructuras que regulan la clandestinidad permanecen intactas. Ante la inminencia de un nuevo año electoral, la noche cordobesa vuelve a ser el barro predilecto donde la política local dirime sus facturas pendientes.