El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba decidió por unanimidad admitir el pedido de juicio político contra los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso. La resolución, considerada inédita en la provincia, abre el camino para que se analice si hubo mal desempeño, negligencia grave y omisiones que terminaron por frustrar una causa que ya lleva diecinueve años sin responsables.
Los fiscales sometidos a jury son Javier Di Santo, quien tuvo el caso entre 2007 y 2015; Daniel Miralles, a cargo entre 2016 y 2017; y Luis Pizarro, responsable desde 2017 hasta la elevación a juicio en 2019. La familia Dalmasso —a través de la abogada Mariángeles Mussolini— los acusa de no haber impulsado pruebas clave, entre ellas estudios genéticos que apuntaban a un sospechoso concreto, Roberto Bárzola, y de haber conducido una investigación errática que terminó en el juicio contra Marcelo Macarrón, finalmente absuelto por falta de pruebas.
La admisión del jury implica que el fiscal general deberá presentar la acusación formal dentro de los próximos 30 días hábiles. Luego, los fiscales tendrán un plazo para responder y, si no hay nuevas impugnaciones, el debate oral podría realizarse en marzo de 2026. Allí se evaluará si corresponde la destitución de los funcionarios y si su accionar contribuyó a que el caso quede virtualmente paralizado, pese a que recientemente surgieron indicios que —de no haber prescripto la causa— podrían haber derivado en una imputación más sólida.
La decisión también alimenta otro frente: la insistencia de la familia Macarrón en impulsar un juicio por la verdad, aun cuando el expediente penal prescribió y el principal sospechoso fue sobreseído. Buscan que el Estado reconozca las fallas graves de la investigación y se establezca, al menos en el plano institucional, qué ocurrió y por qué no se llegó a una condena.
El jury, además de un hecho histórico, marca un punto de inflexión en el control del desempeño de los fiscales. Nunca antes tres funcionarios habían sido enviados juntos a este tipo de proceso por su actuación en un mismo caso, lo que evidencia la magnitud de las irregularidades denunciadas y la persistencia del reclamo social por un crimen que, dos décadas después, sigue sin justicia.