La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se transformó en uno de los expedientes más sensibles y políticamente explosivos del país. Lo que comenzó con la filtración de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, derivó en una investigación que ya expone un posible sistema de coimas, contratos direccionados, sobreprecios y una ruta de dinero que, según la Justicia, supera los 43.000 millones de pesos cuyo destino aún no puede ser explicado.
El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello avanzaron sobre la hipótesis de un entramado que habría operado a través de cientos de contrataciones con la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Los audios que desataron el escándalo mencionan un retorno del 8 % sobre cada contrato y sugieren que parte de ese dinero no quedaba sólo en manos empresarias o en la estructura operativa de ANDIS: el circuito señalaba hacia funcionarios y nombres de peso dentro del Gobierno.
Entre esos nombres aparece el de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mencionada en los diálogos atribuidos a Spagnuolo como supuesta destinataria de parte de los retornos. También figura Eduardo “Lule” Menem, operador político clave del oficialismo y engranaje decisivo en la mesa chica del poder. Su presencia en los audios y en testimonios que ya están bajo análisis judicial volvió a poner al apellido Menem en el centro de un caso de corrupción que puede escalar todavía más.
Casanello ordenó allanamientos simultáneos en dependencias de ANDIS, en sedes de Suizo Argentina y en domicilios de los implicados. Se incautaron teléfonos, computadoras, documentación y se sellaron cajas de seguridad para impedir movimientos de fondos mientras avanza el análisis contable. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas rastrea la trazabilidad de los pagos, los procesos internos que los habilitaron y los vínculos personales entre funcionarios y proveedores.
La defensa de los Kovalivker intentó frenar la causa denunciando que los audios eran nulos o adulterados, pero el juez rechazó esas presentaciones y confirmó su validez preliminar como evidencia. Spagnuolo, por su parte, oscila entre el silencio y la posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido, lo que podría comprometer aún más a figuras del círculo presidencial.
El corazón del expediente es la cifra: más de 43.000 millones de pesos en contrataciones bajo sospecha, un monto desproporcionado para un organismo destinado a atender a las personas con discapacidad. El dinero salió. El destino, aún hoy, es un agujero negro. Lo único claro es que la estructura que lo administró ya no puede explicar ni su uso, ni las razones de los montos, ni la secuencia administrativa que lo justificó.
El Gobierno intenta desmarcarse y denuncia una operación política, mientras los investigadores sostienen que la trama quedó a la vista en contratos consecutivos, decisiones aceleradas, modificaciones normativas internas y relaciones impropias entre funcionarios y privados. Lo que está en juego ya no es sólo un caso de corrupción: es la credibilidad de un gobierno que llegó prometiendo barrer privilegios y castas, y hoy enfrenta la posibilidad de que su círculo íntimo quede atrapado en el caso más grave de su propia gestión.
La pregunta que domina los pasillos de Comodoro Py es simple y brutal: ¿dónde están los 43.000 millones? De la respuesta depende no sólo el futuro judicial de los imputados, sino también el impacto político que puede alcanzar a la cúpula del poder.