La concesión del predio Laguna Azul ya no es solo un escándalo administrativo: es un caso que expone negligencia estatal, riesgo deliberado y una muerte que podría haberse evitado. Bajo la gestión del intendente Fernando Rambaldi, un espacio público fue entregado sin licitación, sin controles y sin condiciones mínimas de seguridad, con consecuencias trágicas.
El Municipio de La Calera otorgó de manera directa la explotación del predio a PUEBLO DE INDIOS S.A.S. (CUIT 30-71876189-8), una empresa creada el 14 de enero de 2024, sin antecedentes sólidos en la gestión de espacios recreativos, acuáticos o turísticos. La decisión fue tomada sin concurso público, sin transparencia y sin dar explicaciones a la comunidad.
Una muerte evitable
En ese mismo predio, y en ese contexto de descontrol, una persona perdió la vida. Una muerte que, según coinciden vecinos y testigos, era evitable.
En Laguna Azul no había guardavidas, no había un operativo de seguridad acorde y no existía un esquema serio de prevención, a pesar de tratarse de un espejo de agua y de un lugar con alta concurrencia.
La ausencia de guardavidas no es un detalle administrativo: es una omisión grave. Y esa omisión tiene responsables políticos concretos. El principal: el intendente Rambaldi, que habilitó el funcionamiento del predio sin exigir condiciones básicas de seguridad.
Alcohol, descontrol y un boliche encubierto
Lejos del “ambiente familiar” que Rambaldi promocionó en medios y discursos oficiales, en Laguna Azul hay consumo excesivo de alcohol, alentado por el propio formato del emprendimiento. Las redes sociales del proyecto no hablan de familias ni de recreación: hablan de “rituales”, “mood”, DJ’s y fiestas tipo Sunset, desde las 16 horas.
Es decir: un boliche a cielo abierto, montado junto al agua, sin controles visibles, sin guardavidas y con alcohol corriendo libremente. Un cóctel peligroso que el Municipio no solo tolera, sino que impulsa.
El intendente como promotor del negocio
Mientras se minimizan los riesgos y se oculta la tragedia, el Municipio actúa como socio activo del emprendimiento. Personal municipal, maquinaria, acondicionamiento de accesos y tendido de servicios fueron puestos al servicio del proyecto privado. La promoción corre por cuenta del Marketing Municipal, con cartelería en la vía pública y difusión en medios provinciales.
El propio Rambaldi se encargó de publicitar la inauguración, comportándose más como community manager del boliche que como jefe de un Estado local obligado a garantizar seguridad y cuidado de la vida.
Patrimonio público, vidas privadas
Hoy las entradas están a la venta, la música suena y el alcohol circula. Lo que no aparece es una explicación oficial sobre la muerte ocurrida, sobre la falta de guardavidas o sobre los controles que deberían existir en un espacio concesionado por el Municipio.
Laguna Azul ya no es solo un patrimonio natural en riesgo. Es el símbolo de una gestión que entregó lo público, miró para otro lado y permitió que un negocio privado funcionara sin reglas, hasta que alguien murió.
La pregunta ya no es si hubo licitación.
La pregunta es quién se hace cargo de una muerte evitable en un predio que el intendente Rambaldi decidió habilitar sin seguridad, sin control y con alcohol de por medio.