Hace unos dias se conoció que el neolibertario intendente de La Calera, Fernando Rambaldi contrató en forma directa a la banda cuartetera Desakta2 por el monto de 108, 900 millones de pesos, a través de ALMENARA NETWORK SAS. Además se supo que una productora privada cobraría 40 millones de pesos para hacer de «coordinadora» en el festival del Lomito. Ahora se conoce que, a través de la productora, Quilay SRL, Rambaldi contrató a Jorge Rojas por 55.600.000 pesos para la actuación de una hora.
A esto se suman las denuncias de feriante. Puesteros aseguraron que, además de pagar sus stands, habrían sido obligados a comprar todas las bebidas a un único distribuidor con presuntos derechos exclusivos. Según relataron, los precios serían hasta un 20% más altos que en el mercado, generando un circuito cerrado que beneficia a pocos mientras reduce el margen de quienes trabajan en el festival. El nombre de la empresa aún no fue confirmado oficialmente.
De manera que el festival tradicional de esa ciudad en dos artistas y una productora con dudosa tarea a realizar le viene costando al municipio, hasta el momento, casi 20 millones de pesos.
El festival municipal, que históricamente fue presentado como una celebración popular y gratuita, quedó en el centro de la polémica tras la denuncia pública del concejal opositor Emiliano García contra la gestión del intendente Rambaldi. La acusación apunta a presuntas irregularidades en la contratación artística y a un posible sobreprecio millonario en el uso de fondos públicos.
Según detalló García en declaraciones recientes, el municipio habría firmado un contrato con la banda de cuarteto Desakata2 por un monto de 110 millones de pesos (alrededor de 72.000 dólares). El punto más sensible de la denuncia radica en que, de acuerdo con el edil, la misma banda habría cobrado cerca de 80 millones de pesos en otros festivales realizados días atrás. La diferencia —unos 30 millones de pesos— representaría casi un 30% más respecto de lo que el mercado habría convalidado recientemente.
Para la oposición, el interrogante es claro: ¿por qué el municipio pagaría un cachet significativamente superior en comparación con eventos similares y en un contexto económico de fuerte ajuste y restricciones presupuestarias? García sostuvo que la diferencia no puede explicarse únicamente por cuestiones técnicas o logísticas y pidió que se exhiba públicamente el contrato completo, incluyendo cláusulas, condiciones técnicas y posibles costos adicionales.
A la controversia por el monto se sumó otro elemento que encendió críticas. Tras conocerse el valor del contrato, el municipio anunció de manera sorpresiva el cobro de una entrada de 8.000 pesos, rompiendo con la tradición de gratuidad del evento. Desde la oposición cuestionan la falta de claridad respecto al destino de esos fondos y si serán utilizados para cubrir el cachet artístico o para otros fines.
“Como concejal, el pueblo me puso acá y tengo la obligación de controlar y que el pueblo vea la verdad”, afirmó García, quien remarcó que no se trata de una discusión cultural sino de transparencia en el manejo de recursos públicos.
El bloque opositor confirmó que la denuncia avanzará por dos vías. Por un lado, se presentó un pedido de informes dentro del Concejo Deliberante para que el Ejecutivo municipal detalle el proceso de contratación, los criterios de selección y la estructura de costos del festival. En paralelo, las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía de turno para que la Justicia determine si existió algún tipo de irregularidad o eventual malversación de fondos públicos.
Desde el oficialismo, hasta el momento, no hubo una respuesta formal que despeje las dudas planteadas. Mientras tanto, el festival —pensado como un evento de encuentro y celebración— quedó envuelto en una discusión que excede lo artístico y pone el foco en la administración de cada peso municipal.
Fuentes consultadas señalan que en este tren de costos y en función del valor de las entradas anunciados por el municipio, el festival debería reunir más de 50 mil personas pagando ingreso para salvar los gastos. Algo bastante poco probable según las estadísticas históricas.
A esto llaman cuidar el gasto en el lenguaje neoliberal. Salvo cuando los que cobran son amigos.