Mientras los vecinos de La Calera siguen pagando tasas, impuestos y servicios, el intendente Fernando Rambaldi tomó una decisión que generó indignación y fuertes críticas: cerrar el Palacio Municipal durante todo el mes de enero por “receso administrativo”, dejando a la ciudad prácticamente sin atención pública durante 31 días.
La medida fue comunicada a través de un aviso oficial en redes sociales, donde el municipio informó que no habrá atención al público en la sede central durante todo enero, un plazo inédito por su extensión y difícil de justificar en un contexto económico y social complejo.
Lejos de ofrecer soluciones reales, el Ejecutivo municipal se limitó a indicar que los vecinos podrán acercarse al “Punto Muni” o comunicarse por teléfono, sin aclarar qué trámites se atenderán, con qué capacidad ni si esos canales alcanzan para reemplazar el funcionamiento normal del municipio. En los hechos, el corazón administrativo de la ciudad queda cerrado, mientras las obligaciones de los ciudadanos siguen vigentes.
El cierre total del municipio expone una gestión desconectada de la realidad cotidiana. Enero no es un mes “muerto” para los vecinos: es cuando muchos aprovechan para regularizar deudas, iniciar trámites, hacer reclamos o resolver gestiones que durante el año laboral no pueden atender. La respuesta del gobierno local fue bajar la persiana.
Desde sectores políticos y vecinales cuestionaron que el municipio “se tome vacaciones” mientras exige cumplimiento pleno de tasas y contribuciones. “El Estado no puede desaparecer un mes entero”, señalaron, y reclamaron una administración moderna, con guardias mínimas, turnos escalonados o atención digital real.
Hasta el momento, Rambaldi no dio explicaciones públicas ni anunció medidas complementarias para garantizar servicios administrativos básicos. La Calera empieza el año con el municipio cerrado y con una sensación creciente de abandono, una postal que deja más preguntas que respuestas sobre el rumbo de la gestión local.