Un evento ilegal con 500 personas funcionó en pleno centro sin habilitación ni seguridad. La Municipalidad llegó tarde y vuelve a quedar en la mira por la falta de prevención.
La desarticulación de una fiesta clandestina con unas 500 personas en el centro de La Calera no sólo encendió alarmas por los riesgos que implicó para quienes asistieron, sino que volvió a exponer una problemática que se repite en la gestión del intendente Fernando Rambaldi: la ausencia de controles efectivos por parte del municipio.
El evento se desarrollaba en un salón ubicado sobre avenida Ejército Argentino al 40, una zona céntrica y de alto tránsito. Sin embargo, durante horas funcionó sin habilitación, sin personal de seguridad y sin servicio de emergencias médicas, en una ciudad que cuenta con áreas específicas de Fiscalización y Control que, en los hechos, parecen llegar siempre después.
Recién en la madrugada del domingo, y tras la intervención policial, se procedió a desarticular la fiesta. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo puede un evento de semejante magnitud montarse y desarrollarse sin que ninguna autoridad municipal lo detecte a tiempo?
Desde el municipio se limitaron a acompañar el operativo una vez que la situación ya estaba desbordada. Pero el rol del Estado local no debería ser sólo reactivo. La prevención, los controles periódicos y la inspección de salones y locales forman parte de las responsabilidades básicas de cualquier gestión municipal.
La situación se agravó aún más cuando, al retirarse los asistentes, se produjo una riña que obligó a una mayor intervención policial. Un desenlace que podría haberse evitado si el evento nunca hubiese comenzado.
Mientras se labró un acta de infracción al propietario del lugar, desde distintos sectores se cuestiona que la única respuesta del municipio sea sancionar después, sin explicar por qué estos espacios funcionan durante semanas o meses sin ser detectados.
Bajo la gestión de Rambaldi, los vecinos de La Calera vienen advirtiendo sobre la proliferación de fiestas clandestinas, eventos irregulares y locales sin controles visibles. El caso de este fin de semana no hace más que reforzar la sensación de un Estado municipal ausente, que no fiscaliza y que deja librada la seguridad de la población a la casualidad.
Lo ocurrido no es un hecho aislado: es el síntoma de una política de control débil, que expone a riesgos innecesarios a jóvenes, trabajadores y vecinos. La pregunta que queda abierta es hasta cuándo La Calera seguirá dependiendo de la intervención policial para suplir lo que el municipio no previene.