El senador Luis Juez vuelve a exhibir una voltereta política difícil de disimular. En 2010, cuando se discutía la protección de los glaciares, se mostraba encendido en defensa del agua y acompañaba la norma que terminó consolidándose como la Ley de Glaciares. Hablaba de recursos estratégicos, de soberanía ambiental y de responsabilidad histórica.
Hoy, el mismo dirigente anticipa que votará para derogarla o vaciarla de contenido y descalifica a quienes la defienden tratándolos de “hippies”. No es un matiz técnico ni una corrección menor: es un giro de 180 grados.
La pregunta política es inevitable: ¿qué cambió? Porque el agua sigue siendo la misma, los glaciares siguen siendo reservas estratégicas y la presión de ciertos sectores extractivos también sigue intacta. Lo que sí cambió fue su alineamiento con el oficialismo de Javier Milei, que impulsa una agenda de desregulación amplia, incluso en materia ambiental. Habrá cobrado Luis Juez alguna dádiva por haber cambiado de opinión, como tantas veces denunció. Es raro que tan rápido y sin explicación alguna el senador haya modificado su voto, algo inexplicable.
No se trata solo de contradicción: se trata de credibilidad. Cuando un senador construye capital político con un discurso épico en defensa del ambiente y años después lo desmonta con ironías, el problema ya no es ideológico, es ético. Porque el voto no es un trámite; es una representación. Y quienes lo eligieron en Córdoba lo hicieron, entre otras cosas, escuchando aquellas palabras enfáticas sobre la defensa del agua.
El contraste es brutal: antes invocaba la responsabilidad histórica; ahora banaliza el debate. Antes hablaba de proteger recursos estratégicos; hoy relativiza la herramienta legal que justamente buscaba hacerlo. Esa facilidad para acomodar convicciones al viento político erosiona la confianza pública y alimenta la idea de que algunos dirigentes dicen lo que conviene en cada momento.
En un tema tan sensible para todo como el agua y la actividad minera, el zigzag no pasa desapercibido. La política admite cambios de posición cuando están debidamente fundamentados. Lo que cuesta aceptar es la negación del propio pasado sin explicación sólida, como si la memoria colectiva no existiera.