La Justicia federal avanzó este martes con un operativo en el Ministerio de Economía en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El allanamiento se concentró en la oficina que hasta hace pocos meses ocupaba Ornella Calvete, hija de uno de los señalados como nexo entre las droguerías proveedoras del Estado y funcionarios involucrados en la trama de corrupción conocida como “el 3% para Karina”.
La investigación, que lleva adelante el fuero federal porteño, reconstruye una presunta red de pagos ilegales vinculados a contratos y autorizaciones dentro de ANDIS. Según los investigadores, el esquema funcionaba a partir de retornos exigidos a empresas vinculadas al suministro de medicamentos y prestaciones, a cambio de la agilización de expedientes. Dentro de ese circuito aparece el rol del padre de Calvete, imputado como intermediario clave en la recaudación del porcentaje que, según los testimonios, se destinaba a una estructura política.
El procedimiento en Economía tuvo como objetivo secuestrar documentación, registros digitales y elementos de trabajo que puedan aportar información sobre la participación de Ornella Calvete en la maniobra. Si bien no se la considera una funcionaria de primera línea, los investigadores creen que su oficina podría contener trazas de comunicaciones y gestiones realizadas en favor del grupo acusado.
Fuentes judiciales indicaron que los allanamientos se realizaron sin incidentes y que los equipos secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos en los próximos días. La pesquisa avanza en paralelo con declaraciones testimoniales y el análisis de movimientos administrativos dentro de ANDIS, donde ya se produjeron desplazamientos y sumarios internos desde que estalló el escándalo.
El caso, que derivó en una fuerte tensión política dentro del oficialismo, sigue sumando ramificaciones tanto en organismos del Estado como en el sector privado proveedor de insumos médicos. Mientras tanto, la Justicia intenta determinar el alcance real del mecanismo del “3%” y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.