La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas dejó definitivamente de ser un problema administrativo encerrado en una oficina de Buenos Aires. Mientras el Gobierno de Javier Milei exhibe la recuperación de capacidades militares y el ministro de Defensa, Carlos Presti, reivindica el proceso de modernización, en distintos puntos del país aparecen militares, retirados, personal civil y familiares afectados por cortes, pérdida de prestadores, falta de medicamentos y dificultades para acceder a prácticas médicas.
Este jueves el conflicto sumó un capítulo decisivo: renunció el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de administrar la liquidación del IOSFA, después de una reunión con Presti. Paralelamente, trabajadores de ATE ocuparon durante aproximadamente dos horas la sede central de la obra social, ubicada en Paso 551, en la Ciudad de Buenos Aires.
La administración reconoce un pasivo del IOSFA del orden de los $213.000 millones, mientras ATE sostiene que la deuda supera los $500.000 millones. Son cifras provenientes de fuentes diferentes, pero detrás de la discusión contable aparece una consecuencia concreta: afiliados que siguen aportando todos los meses y encuentran problemas cuando necesitan utilizar su cobertura.
Y el mapa muestra que el problema está lejos de limitarse a Buenos Aires.
CÓRDOBA. En Río Cuarto, más de 3.000 afiliados quedaron afectados por un corte total de prestaciones. La situación resulta particularmente significativa porque allí funciona el Área Material Río Cuarto, instalación estratégica vinculada al sostenimiento del sistema F-16.
Mientras el Gobierno utiliza la incorporación de esos aviones como uno de los símbolos de su política de Defensa, integrantes de las Fuerzas y sus familias tuvieron problemas para conseguir atención a través de su propia obra social.
La crisis cordobesa no termina allí. El Colegio de Psicólogos de la Provincia anunció la suspensión de prestaciones desde octubre por morosidad y falta de actualización de aranceles.
SANTA FE. Rosario registró uno de los episodios más graves. Miles de afiliados fueron alcanzados por interrupciones que afectaron guardias, internaciones y cirugías. Incluso un suboficial retirado se encadenó frente a la delegación para reclamar por la situación de su esposa, paciente con cáncer de mama cuya intervención había quedado comprometida.
En Funes, trabajadores civiles del Liceo Aeronáutico Militar también realizaron protestas. El reclamo expone una contradicción difícil de explicar: los aportes destinados a la obra social continúan descontándose de los salarios mientras los trabajadores denuncian dificultades para recibir las prestaciones por las que pagan.
BUENOS AIRES. La crisis golpeó algunos de los principales centros militares del país.
En Mar del Plata se registraron suspensiones de prestaciones en establecimientos privados por falta de pago.
En Bahía Blanca y Punta Alta, zona estratégica por la presencia de la Base Naval Puerto Belgrano, también hubo interrupciones y reclamos vinculados con prestaciones médicas y farmacéuticas.
La problemática también alcanzó la región de Tandil, Azul y Olavarría, otra zona con importante presencia militar. En Zárate, el propio Concejo Deliberante reclamó formalmente que se garantizara la continuidad de las prestaciones.
CIUDAD DE BUENOS AIRES. La crisis llegó incluso al corazón del sistema sanitario militar. Se reportaron cirugías suspendidas en el Hospital Militar Central por problemas con insumos.
A esto se sumó este jueves la ocupación de la sede central de la obra social por parte de trabajadores de ATE.
Y existe un elemento fundamental: los hospitales militares no pueden absorber automáticamente toda la demanda. El propio Ministerio de Defensa explicó ante el Congreso que esos establecimientos no tienen capacidad para cubrir a toda la población militar ni todas las especialidades, razón por la cual el sistema depende también de convenios con clínicas, asociaciones y profesionales privados.
Por eso, cuando un prestador deja de atender por falta de pago, enviar al afiliado a un hospital militar no necesariamente resuelve el problema.
TUCUMÁN. El Colegio Médico provincial suspendió prestaciones y los afiliados afectados debieron pasar a ser atendidos como pacientes particulares. También se reportaron inconvenientes relacionados con medicamentos y tratamientos.
CHACO. La situación llegó al extremo de denuncias de afiliados que debieron buscar atención fuera de la provincia, con derivaciones o traslados hacia Misiones y Entre Ríos.
Para una familia militar, el problema deja entonces de ser solamente sanitario: puede significar recorrer cientos de kilómetros para intentar conseguir una prestación que debería brindar la obra social a la que aporta todos los meses.
ENTRE RÍOS. También se denunciaron dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones, incluyendo situaciones relacionadas con pacientes oncológicos.
Detrás de todos estos casos aparece una contradicción cada vez más difícil de esconder.
El Gobierno anunció meses atrás que avanzaba con la normalización del sistema sanitario de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, los cortes y conflictos registrados posteriormente muestran que el problema prestacional continúa.
La administración de Milei decidió desarmar el viejo esquema del IOSFA y creó mediante el DNU 88/2026 una nueva OSFA destinada a las Fuerzas Armadas. El argumento oficial fue reorganizar un sistema deteriorado y garantizar su sustentabilidad.
Pero la transición arrastra una deuda enorme con prestadores y las consecuencias terminaron llegando directamente al consultorio, la farmacia, la guardia y el quirófano.
La paradoja para Milei y Presti es enorme.
El Gobierno puede comprar F-16, exhibir nuevo equipamiento, anunciar inversiones y hablar de recuperar capacidades militares perdidas durante décadas. Pero ninguna política de Defensa funciona solamente con aviones, barcos, vehículos o sistemas de armas.
Detrás de cada uno hay pilotos, mecánicos, técnicos, soldados, suboficiales y oficiales.
Y también están sus familias.
Mientras el Estado invierte millones de dólares en formar y equipar a ese personal, hay integrantes de las Fuerzas que enfrentan dificultades para conseguir una consulta, acceder a medicamentos o encontrar un prestador que acepte su cobertura.
La renuncia de Guzmán tampoco soluciona el problema. Cambiar al administrador encargado de liquidar el IOSFA puede modificar quién ocupa un despacho, pero no devuelve automáticamente los prestadores que dejaron de atender ni cancela las deudas acumuladas.
ATE responsabiliza al Gobierno nacional y denuncia un proceso de vaciamiento. La administración de Milei sostiene que la creación de la nueva OSFA forma parte de una reorganización destinada precisamente a corregir los problemas financieros y estructurales del sistema.
Pero después de los anuncios llega la realidad.
Y la pregunta que Milei y Presti tienen que responder es concreta: ¿cómo puede hablarse de recuperación de las Fuerzas Armadas cuando parte del personal que debe operarlas tiene dificultades para garantizar la atención médica de su propia familia?
Los aviones pueden ser nuevos. Las fotos pueden mostrar modernización. Los discursos pueden hablar de reconstrucción.
Pero una Fuerza Armada también son las personas que la integran.
Y una política de Defensa que pretende recuperar capacidades mientras existen militares y familias con problemas para acceder a su cobertura médica tiene un problema que ningún desfile, anuncio o fotografía con un F-16 puede ocultar.