La Corte Suprema de Justicia de Argentina se encuentra en un momento decisivo respecto a la causa Vialidad, en la que la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Este caso, que investiga el presunto direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, podría tener un impacto profundo en el panorama político del país, especialmente en un año electoral como 2025.
Contexto de la causa Vialidad
La condena inicial fue dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, que encontró a Fernández de Kirchner culpable de defraudar al Estado por más de US$1.000 millones al otorgar contratos de obra pública a Báez, considerado un testaferro de la familia Kirchner. La sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, aunque se desestimó la acusación de asociación ilícita, que habría elevado la pena a 12 años, como solicitaron los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y el procurador Eduardo Casal. Actualmente, la Corte Suprema debe resolver los recursos de apelación presentados tanto por la defensa de la expresidenta, que busca su absolución, como por la fiscalía, que insiste en agravar la condena.
Escenarios posibles
La Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, enfrenta tres escenarios principales:
- Confirmación de la condena: Si el máximo tribunal ratifica el fallo, la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua quedarían firmes. Dado que Fernández de Kirchner tiene 72 años, podría solicitar prisión domiciliaria, conforme a la legislación que permite este beneficio a mayores de 70 años. Sin embargo, su eventual detención no se ejecutaría de inmediato si ocupa un cargo legislativo, ya que los fueros parlamentarios requerirían un proceso de desafuero.
- Absolución: Si la Corte acepta los argumentos de la defensa, que denuncia irregularidades procesales y “lawfare” (persecución judicial con fines políticos), Fernández de Kirchner sería absuelta, eliminando cualquier impedimento para su participación en las elecciones legislativas de 2025.
- Agravamiento de la pena: Si se acoge el pedido de la fiscalía, la condena podría extenderse a 12 años por incluir el delito de asociación ilícita, lo que intensificaría las consecuencias políticas y legales.
Impacto político y electoral
El fallo de la Corte Suprema, que podría conocerse en las próximas semanas, tiene implicaciones directas en la candidatura de Fernández de Kirchner, quien anunció su intención de competir como legisladora por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Si la condena se confirma antes del 17 de agosto de 2025, fecha límite para oficializar candidaturas, quedaría inhabilitada para postularse. Sin embargo, si el fallo se demora y logra asumir un cargo legislativo, los fueros podrían protegerla de una detención inmediata, aunque no de la inhabilitación, que requeriría un proceso político para su remoción.
El kirchnerismo, liderado por Fernández de Kirchner, ha denunciado el proceso como un intento de “proscripción” política, comparándolo con casos como el de Lula da Silva en Brasil. En respuesta, el Partido Justicialista y Unión por la Patria han convocado reuniones de urgencia para planificar acciones, que podrían incluir movilizaciones masivas o denuncias ante cortes internacionales. Por su parte, el gobierno de Javier Milei y sectores opositores al kirchnerismo celebran la posibilidad de un fallo condenatorio, considerándolo un paso hacia la transparencia y el fin de la impunidad.
Reacciones y tensiones
Fernández de Kirchner ha mantenido un discurso combativo, afirmando que la persecución judicial busca neutralizar su influencia política. En un reciente acto en Corrientes, señaló: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”. Sus seguidores advierten que una