La suspensión de dos gerentes de Nucleoeléctrica Argentina por una licitación bajo sospecha de sobreprecios en servicios de limpieza abrió una crisis interna que ya salpica directamente al presidente de la compañía, Damián Reidel, uno de los funcionarios de mayor confianza de Javier Milei.
Las denuncias apuntan a un presunto direccionamiento de contratos por hasta 6,4 millones de dólares en las centrales de Atucha y Embalse, una operatoria que habría beneficiado a empresas específicas a través de pliegos hechos a medida y valores muy por encima de los precios de mercado.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Reidel votó en contra del desplazamiento de los directivos cuestionados y evitó pronunciarse sobre el fondo de las denuncias, limitándose a acompañar una salida administrativa que no despeja las dudas sobre el proceso licitatorio ni sobre su propio rol en la conducción de la empresa.
Licenciado en Física por el Instituto Balseiro y con posgrados en Estados Unidos, Reidel llegó a la presidencia de Nucleoeléctrica por su vínculo personal con Javier Milei, quien lo ha respaldado públicamente en reiteradas oportunidades. Ese respaldo político es, hoy, uno de los principales puntos de tensión dentro de la compañía, donde crece el malestar por la falta de explicaciones y la percepción de un doble estándar frente a las promesas oficiales de transparencia y lucha contra la corrupción.
Mientras el Gobierno pregona ajuste, control del gasto y tolerancia cero con los desvíos, el caso Nucleoeléctrica expone una zona sensible del Estado donde las decisiones, lejos de disipar sospechas, parecen profundizarlas.