El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha expresado una postura firme y crítica ante la significativa disminución de los envíos de fondos nacionales a la provincia, un tema que ha generado preocupación en el Centro Cívico debido a su impacto en las finanzas provinciales. En mayo de 2025, las transferencias automáticas de la Nación a Córdoba cayeron un 26,2% en términos reales, descontando la inflación, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Esta caída, que marcó un quiebre tras seis meses de mejoras, se atribuye principalmente a una merma del 39,9% en la recaudación del impuesto a las Ganancias y una leve baja del 1,1% en el IVA, dos tributos que representan cerca del 95% de los giros automáticos a la provincia.
Llaryora, consciente de que los fondos nacionales constituyen aproximadamente el 55% de los ingresos totales de Córdoba, ha calificado esta situación como un «destrato institucional» por parte del gobierno nacional, liderado por Javier Milei. En abril de 2025, el gobernador ya había advertido que la interrupción de los giros regulares para la Caja de Jubilaciones, que desde la asunción de Milei se redujeron a cero, representaba una violación de los principios federales y de los acuerdos previos entre la Nación y las provincias con cajas no transferidas. En este contexto, Llaryora asistió a una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, donde logró un acuerdo parcial: la Nación se comprometió a pagar $60 mil millones a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones para 2025, con giros mensuales de $5 mil millones durante un año, mientras se auditan las deudas pendientes desde 2019 a 2024.
Sin embargo, este alivio financiero es limitado. Los $40 mil millones que se transferirán en 2025 representan apenas el 5,4% del déficit presupuestado por la provincia para este año ($740 mil millones), o el 9,2% si se considera el déficit ajustado con aportes adicionales de los empleados estatales. Llaryora ha señalado que, aunque “en tiempos de sequía, cualquier llovizna es buena”, estos montos están lejos de cubrir las necesidades reales de la provincia, especialmente en un contexto donde el consumo está retraído y la actividad económica no muestra una recuperación sostenida.
El gobernador también ha cuestionado el esquema fiscal nacional, insistiendo en la necesidad de una reforma tributaria que contemple las necesidades del interior productivo. En eventos como el AmCham Summit 2025, Llaryora criticó las retenciones al agro, que afectan especialmente a Córdoba como una de las principales provincias productoras, y pidió rediscutir el sistema impositivo para garantizar equidad federal. Además, ha defendido el “modelo Córdoba”, que combina mercado y Estado para sostener el desarrollo provincial a pesar de la falta de apoyo nacional.
En el plano político, Llaryora ha equilibrado su discurso entre la colaboración con el gobierno nacional y la defensa de los intereses cordobeses. En X, el mandatario expresó su frustración: “Tenemos que soportar las malditas retenciones y ahora no nos cumplen con el envío de fondos”, destacando que Córdoba no pide más que lo que le corresponde por ley. Este mensaje refleja el sentir de una gestión que enfrenta un año electoral complejo, donde la “billetera flaca” podría limitar su capacidad de maniobra frente a las demandas sociales y gremiales.
La administración de Llaryora se encuentra así en una encrucijada: por un lado, busca soluciones financieras, como la emisión de un nuevo bono en dólares para 2025, y por otro, mantiene un reclamo activo ante la Nación para recuperar los fondos adeudados. Mientras tanto, la provincia depende cada vez más de sus ingresos propios, como Ingresos Brutos, aunque la falta de datos públicos desde febrero de 2025 dificulta evaluar su evolución.
En conclusión, la postura de Llaryora combina un fuerte reclamo por los derechos de Córdoba con una estrategia pragmática para mitigar el impacto de la reducción de fondos nacionales. Su gestión apuesta por el diálogo institucional, la búsqueda de financiamiento alternativo y la defensa de un federalismo equitativo, mientras enfrenta el desafío de sostener el “modelo Córdoba” en un contexto económico adverso.