A más de seis años del estallido de la causa Cuadernos, el expediente que reveló el sistema de recaudación ilegal ligado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas sigue teniendo un capítulo pendiente: la responsabilidad empresaria. Si bien el foco inicial estuvo puesto en exfuncionarios de alto nivel, la trama que surgió a partir de las confesiones de los arrepentidos colocó en el centro del escenario a algunos de los hombres de negocios más poderosos del país. Y entre todos ellos, uno quedó particularmente expuesto: Aldo Roggio.
Roggio, histórico titular del grupo que lleva su apellido y una de las corporaciones más influyentes del país en servicios públicos, transporte, obra civil y concesiones, fue uno de los primeros en reconocer pagos indebidos ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Su declaración, que lo ubicó entre los empresarios de mayor jerarquía que admitieron haber entregado dinero, fue decisiva para que el expediente avanzara sobre la pata privada del sistema. Roggio no sólo reconoció que su empresa hizo aportes obligados en función de “presiones”, sino que detalló el mecanismo a través del cual se canalizaban esos pagos, qué funcionarios intervenían y cómo se operaba desde la estructura estatal para sostener el circuito de recaudación.
Ese reconocimiento puso al empresario cordobés en una posición singular: no sólo como imputado colaborador, sino como una pieza clave para reconstruir el funcionamiento interno del sistema. Su testimonio fue considerado uno de los de mayor impacto por el volumen económico de las obras bajo su control y por la incidencia directa del grupo Roggio en concesiones estratégicas como el subte, las cloacas y la obra civil de gran escala.
Pero Roggio no quedó solo en la línea de fuego. La causa también comprometió a Paolo Rocca, cabeza del grupo Techint, cuya declaración como arrepentido generó un fuerte impacto por tratarse del mayor conglomerado industrial del país. Rocca negó haber tenido participación directa en los pagos, pero admitió que su empresa había realizado desembolsos vinculados a la continuidad de proyectos en Venezuela, lo que lo ubicó entre los nombres más resonantes del expediente.
Otro de los empresarios fuertemente involucrados fue Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y ex titular de Iecsa. Calcaterra reconoció haber realizado aportes exigidos, lo que no sólo lo colocó dentro del esquema sino que también generó un impacto político transversal, al involucrar por primera vez el apellido Macri en una causa que hasta ese momento afectaba principalmente al kirchnerismo.
El listado se amplió con nombres de peso en la obra pública: Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, cuya confesión detalló la existencia de un sistema cartelizado; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, protagonista histórico de la obra energética; empresarios del transporte, del rubro vial y del sector construcción que, con mayor o menor grado de responsabilidad, quedaron señalados como engranajes del mecanismo de recaudación.
Aun así, dentro de toda esa constelación, el caso de Roggio sobresale por la magnitud de las operaciones de su grupo y por la profundidad del vínculo entre sus negocios y el Estado. Su testimonio resultó central para acreditar la existencia del sistema y para probar que las empresas más relevantes del país se encontraban directa o indirectamente alcanzadas por el circuito.
Mientras la causa continúa en distintas instancias judiciales y varios de los imputados buscan revisar o acotar sus responsabilidades, el capítulo empresario sigue siendo uno de los más sensibles. No sólo por el impacto económico del esquema, sino porque expuso con crudeza que durante años la frontera entre política, obra pública y negocios estuvo borrosamente dibujada.
En ese universo, y más allá del volumen de los nombres que desfilaron por Comodoro Py, Roggio permanece como la figura más comprometida, más gravitante y más significativa de toda la estructura empresarial investigada en la causa Cuadernos.