Por Romualdo de la Hoya
La llegada de los primeros F-16 a Córdoba volvió a encender el mismo debate que atraviesa a las Fuerzas Armadas desde hace décadas: decisiones de compra improvisadas, material obsoleto, contratos opacos y una llamativa ausencia de responsabilidades políticas. El gobierno celebra como “histórico” el arribo de aviones que, si bien representan un salto respecto de la flota actual, no dejan de ser unidades usadas, con más de 40 años de servicio y retiradas por Dinamarca cuando ya no justificaban más modernizaciones profundas. Argentina vuelve a recibir lo que otros países descartan. Y encima festeja.
Pero si de compras fallidas se trata, ninguna supera el papelón de los Súper Étendard Modernisé (SEM) que el exministro de Defensa Oscar Aguad adquirió en 2018. Cinco aviones franceses por los que el Estado pagó más de 12 millones de euros, incluyendo repuestos y equipamiento. Se los vendieron como la “recuperación de la capacidad supersónica” y la posibilidad de reinstalar un sistema de ataque naval que había sido central en la posguerra. La realidad fue otra: los SEM nunca pudieron volar ni un minuto.
El motivo es tan absurdo como grave: los asientos eyectables venían con pirotecnia vencida. Francia había informado que los componentes estaban fuera de vida útil y que dependía de la Argentina conseguir la actualización. Esa actualización nunca llegó. El resultado es que los cinco aviones terminaron convertidos en chatarra cara, almacenados primero en la Base Aeronaval Comandante Espora y luego trasladados a hangares donde hoy siguen apilando polvo y frustración. Están ahí: sin certificación, sin repuestos, sin hipótesis realista de vuelo y sin que nadie explique qué se va a hacer con ellos.
Y lo más llamativo: no hay un solo funcionario imputado. Ni Aguad ni quienes participaron en la operación. Ningún fiscal llamó a declarar a los responsables de haber comprado equipamiento inservible con fondos públicos. Ninguna auditoría concluyó responsabilidades políticas. Nada. Un país que persigue a empleados municipales por facturas truchas de $80.000 es incapaz de investigar una compra militar de millones que terminó en absoluto fracaso.
Mientras tanto, el relato oficial actual intenta esconder esa historia detrás del brillo mediático de los F-16. El gobierno insiste en que representan un salto cualitativo. Puede ser cierto en términos relativos, pero no deja de ser un salto hacia lo viejo: se están comprando aviones cuya vida útil fue exprimida por Dinamarca durante décadas y que, para integrarse plenamente al sistema argentino, demandarán años de adaptación logística, entrenamiento y mantenimiento.
El contraste es brutal: los F-16 llegan con show, desfile, streaming y discursos presidenciales. Los Súper Étendard, en cambio, permanecen guardados como un símbolo incómodo de un Estado que compra sin plan, sin control y sin asumir errores.
La pregunta es obvia y urgente: ¿cómo es posible que después del fiasco de los SEM nadie haya rendido cuentas? ¿Cómo se explica que el exministro Aguad —responsable de la adquisición más inútil de los últimos 20 años en materia de defensa— siga sin imputación alguna? ¿Y cómo puede el país seguir comprando equipamiento viejo sin revisar antes por qué fracasó lo anterior?
La llegada de los F-16 debería ser una oportunidad para modernizar las Fuerzas Armadas. Pero mientras la Argentina no investigue, no ordene y no planifique, lo único que modernizaremos será la lista de compras equivocadas. Y los aviones seguirán llegando. Viejos, caros y celebrados como si fueran nuevos.