El Gobierno celebró esta semana que pilotos argentinos realizaron por primera vez vuelos de certificación en los F-16 adquiridos a Dinamarca. Sin embargo, detrás de la foto oficial y los anuncios grandilocuentes, las Fuerzas Armadas atraviesan una profunda crisis de recursos humanos provocada por los bajos salarios y el ajuste presupuestario.
Mientras el Estado desembolsó cientos de millones de dólares para incorporar los aviones supersónicos, uno de los apenas dos ingenieros especializados en el sistema F-16 decidió renunciar atraído por un salario muy superior en el sector privado. La paradoja es evidente: se compran sistemas de armas de última generación, pero se pierde al personal capacitado para operarlos y mantenerlos.
La situación no es nueva. Hasta principios de año ya habían abandonado la Fuerza Aérea cerca de 2.000 efectivos por motivos salariales. A ellos se sumaron pilotos altamente entrenados y especialistas cuya formación demandó años de inversión estatal. La fuga de talento no se detiene y amenaza con convertir en letra muerta los anuncios de modernización militar.
Los uniformados denuncian que la eliminación de la jerarquización salarial y el congelamiento de las recomposiciones provocaron que los militares perciban ingresos muy inferiores a los de las fuerzas de seguridad federales. En muchos casos, los efectivos deben complementar sus salarios realizando trabajos particulares o manejando aplicaciones de transporte para llegar a fin de mes.
Las críticas apuntan directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, por bloquear mayores partidas presupuestarias, y también a Federico Sturzenegger, cuya política de ajuste y “optimización” es vista dentro de las Fuerzas Armadas como un proceso de desmantelamiento progresivo. La reducción de estructuras militares, la fusión de unidades históricas y la pérdida constante de personal capacitado son interpretadas como parte de una misma lógica: achicar el Estado sin medir las consecuencias estratégicas.
A este escenario se suma la venta de inmuebles militares. Predios estratégicos de las Fuerzas Armadas ya fueron desafectados y vendidos durante la actual gestión, mientras continúan las versiones sobre nuevas operaciones inmobiliarias. Para muchos cuadros militares, el mensaje es claro: se privilegia la caja fiscal de corto plazo por encima de la construcción de capacidades de defensa a largo plazo.
La contradicción resulta cada vez más difícil de ocultar. El Gobierno exhibe los F-16 como símbolo de una supuesta recuperación de la defensa nacional, pero simultáneamente empuja la salida de pilotos, ingenieros y especialistas indispensables para sostener ese sistema. Sin recursos humanos, salarios competitivos ni planificación estratégica, la modernización militar corre el riesgo de convertirse en una costosa puesta en escena.