La crisis en el Ministerio de Defensa dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un problema político y operativo de magnitud. El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, atraviesa su momento más delicado al frente de la cartera, envuelto en un escenario de desgaste interno, cuestionamientos de oficiales y una obra social militar colapsada.
La salida explosiva del general Sergio Maldonado de IOSFA terminó de desnudar una interna feroz por el manejo de una deuda que ya supera los $200.000 millones. En los cuarteles ya no esconden el malestar. “Presti no se anima a reclamar donde corresponde. Terminó siendo un vocero libertario dentro de las Fuerzas Armadas, en vez de representar al personal militar ante el Poder Ejecutivo”, desliza una fuente castrense con años dentro de la estructura.
Mientras Presti concentra la agenda pública en los F-16, las fotos institucionales y la narrativa de modernización, puertas adentro crece una realidad mucho más áspera: salarios que quedaron por debajo de la línea de pobreza, fuga constante de personal capacitado y familias militares que denuncian cortes en prestaciones médicas básicas, incluso tratamientos oncológicos.
La renuncia de Maldonado impactó especialmente porque dentro del ámbito militar se lo consideraba uno de los pocos oficiales con experiencia en administración sanitaria y capacidad técnica para intentar rescatar una obra social devastada. “Conociendo la hombría de bien del general Maldonado y los esfuerzos para sacar del pozo a la obra social, no había dudas de este desenlace”, resumió un oficial retirado que conoce desde hace años el funcionamiento interno de IOSFA.
El núcleo de las críticas apunta directamente contra la conducción política del ministerio y también contra la gestión anterior encabezada por Luis Petri. Según distintas voces militares, el problema no nació de una deuda heredada sino de la decisión de desmontar estructuras técnicas que funcionaban. El desplazamiento de cuadros especializados, entre ellos el General Capanegra, aparece mencionado como uno de los errores más graves de aquella etapa.
“El sistema había logrado estabilizarse. Había superávit operativo y los ingresos alcanzaban para sostener las prestaciones. Rompieron lo que funcionaba”, señalan desde el entorno militar, donde también cuestionan la pérdida de autonomía de IOSFA y el avance de la política partidaria sobre la administración de los fondos.
El malestar no se limita a la obra social. En las Fuerzas Armadas crece una sensación de abandono que erosiona la cadena de mandos. Oficiales y suboficiales observan cómo asesores, funcionarios, secretarios y directores políticos del Ministerio de Defensa perciben salarios que duplican o triplican los ingresos del personal uniformado con décadas de carrera.
La pregunta que empieza a circular con fuerza en ámbitos militares es incómoda para el Gobierno: ¿alcanza con subir a un portaaviones junto a Javier Milei y Karina Milei para mostrar cercanía con las Fuerzas Armadas, o el verdadero respaldo se construye con buenos salarios, cobertura médica y bienestar para las familias militares?
En ese contexto, la figura de Presti también empieza a quedar bajo análisis. Nadie discute su formación operativa ni su conocimiento profesional de la estructura militar. El problema, admiten incluso sectores que lo respetan, es político. Conducir tropas no es lo mismo que administrar tensiones con el poder, defender presupuesto o plantarse ante decisiones que afectan directamente al personal.
“La lealtad está condicionada a la verdad, la justicia y el bien. Lo demás es complicidad”, repiten dentro de las Fuerzas, en una frase que ya empezó a sintetizar el clima interno.
Hoy la crisis dejó de ser solamente financiera. Es una crisis de conducción, representación y confianza. Y en los cuarteles sienten que, mientras la política discute relato y marketing, las familias militares siguen esperando remedios, tratamientos y salarios dignos.