La multinacional alemana Linde plc denunció graves irregularidades en una licitación del PAMI para la provisión de oxígeno medicinal, en un proceso que involucra a empresas vinculadas a personas cercanas al ministro de Economía, Luis Caputo.
Según la denuncia, una empresa asociada a Martín Voss y al empresario Álvaro Herrera —titular de Oxígeno y Tecnología (Oxitesa)— habría presentado documentación irregular para obtener la adjudicación de un contrato por aproximadamente 27 mil millones de pesos destinado al servicio de oxigenoterapia para jubilados.
Oxitesa, una firma de origen salteño, logró expandirse a nivel nacional a partir de este contrato con el PAMI, pese a no contar con habilitación de la ANMAT como productora ni fraccionadora de oxígeno medicinal. En el sector aseguran que su crecimiento estuvo vinculado a relaciones empresariales y políticas que facilitaron su posicionamiento.
El mercado del oxígeno medicinal en Argentina está concentrado en pocas compañías, entre ellas la francesa Air Liquide, la chilena Indura y la alemana Linde, que en 2018 absorbió a Praxair. A diferencia de estas, Oxitesa no produce oxígeno, sino que lo adquiere a proveedores como Linde.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es que Oxitesa habría presentado certificados de habilitación de la ANMAT a nombre de Linde/Praxair sin autorización de la empresa alemana. Desde Linde señalaron que dichos documentos no fueron emitidos por ellos y que la firma adjudicataria no cumplía con los requisitos técnicos exigidos en la licitación.
Además, remarcaron incumplimientos en la normativa vigente para la fabricación, comercialización e importación de gases medicinales. A pesar de la gravedad de estas observaciones, la presentación habría sido archivada y el contrato continuó en ejecución.
En el sector también señalan una situación contradictoria: pese a la denuncia, Linde continuó proveyendo el oxígeno que Oxitesa utiliza para cumplir con el servicio, lo que alimenta versiones sobre un posible entendimiento entre las partes.
El proceso licitatorio también quedó bajo cuestionamiento por cambios en las condiciones económicas. Aunque el pliego establecía que no habría redeterminación de precios, fuentes del sector indicaron que el contrato fue actualizado al menos dos veces, con incrementos que rondarían el 70%.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control en contrataciones públicas sensibles, especialmente en áreas críticas como la salud, y sobre el rol de los organismos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y administrativas.