El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que reordena la estructura del Poder Ejecutivo y redefine el reparto de competencias entre ministerios, en una nueva señal de ajustes internos dentro del Gobierno. El DNU, publicado hoy en el Boletín Oficial, devuelve áreas clave al Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli y modifica atribuciones que hasta ahora estaban bajo control de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Seguridad.
Con la nueva norma, el Registro Nacional de las Personas vuelve a quedar bajo la órbita de Interior, tras un año en el que había sido administrado por Seguridad. El Gobierno busca así recentralizar la gestión de identidad y documentación en el área que tradicionalmente administró estos servicios, argumentando necesidad de “orden y eficiencia” en un rubro sensible. También el área de Deportes regresa a Interior, donde funcionará como subsecretaría, luego de haber quedado incorporada a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que conduce Daniel Scioli.
El movimiento implica un fortalecimiento político para Santilli, que recupera peso en la articulación con provincias y en el manejo de oficinas con fuerte presencia territorial. La reorganización se da, además, a pocas semanas del recambio legislativo del 10 de diciembre, en un momento en el que el Gobierno acelera cambios internos para llegar a la próxima etapa con un esquema más alineado a las necesidades políticas del oficialismo.
Aunque Seguridad retiene Migraciones, pierde atribuciones que había acumulado durante los primeros meses de gestión. En paralelo, el DNU corrige parte del esquema introducido por normas anteriores, que habían trasladado competencias hacia la Jefatura de Gabinete y generaron tensiones dentro del propio oficialismo.
La reestructuración abre una nueva etapa en el gabinete y deja abierta la discusión sobre su impacto en el funcionamiento cotidiano del Estado. En los próximos días se espera que cada ministerio detalle cómo implementará los traspasos de personal, presupuesto y funciones, mientras en la oposición ya observan que el Gobierno vuelve a modificar la arquitectura administrativa sin pasar por el Congreso, un punto que promete seguir generando debate político.