El Gobierno nacional incluyó en un proyecto de ley un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas mediante inversiones en CEDEARs. La iniciativa, que llevaba la firma de Javier Milei y varios de sus ministros, provocó un fuerte rechazo incluso entre los seguidores del oficialismo. Ante el escándalo, el equipo económico anunció que retirará el proyecto completo para revisarlo.
El presidente Javier Milei quedó envuelto en una nueva contradicción política. Mientras sostiene un discurso basado en la reducción de impuestos y la defensa del ahorro privado, su propio Gobierno envió al Congreso un proyecto que buscaba cobrar el Impuesto a las Ganancias a miles de argentinos que invierten en empresas extranjeras a través de los CEDEARs.
La iniciativa formaba parte de la denominada Ley de Competitividad Financiera, un proyecto de 240 artículos que ingresó a la Cámara de Diputados con las firmas del propio Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y otros integrantes del Gabinete nacional.
El punto más polémico establecía que las ganancias obtenidas por la compraventa de CEDEARs adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 podrían quedar alcanzadas por una alícuota del 15%.
Estos instrumentos permiten a los argentinos invertir desde el mercado local en compañías internacionales como Apple, Nvidia, Microsoft o Coca-Cola, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.
Actualmente, las personas humanas que cumplen determinados requisitos legales están exentas de pagar Ganancias por los resultados de esas operaciones.
La propuesta oficial buscaba eliminar ese beneficio y aplicar el mismo tratamiento tributario que corresponde a la compra directa de acciones extranjeras.
La contradicción fue inmediata: un Gobierno que promete bajar impuestos había presentado una iniciativa para gravar las ganancias de quienes deciden invertir sus ahorros.
La reacción no tardó en llegar. Inversores, operadores bursátiles y numerosos seguidores libertarios cuestionaron duramente la propuesta, que terminó generando un fuerte malestar dentro del propio espacio político del Presidente.
Frente a las críticas, Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, aseguró que el artículo pertenecía a un borrador anterior y que sería eliminado.
Sin embargo, la controversia escaló hasta provocar una decisión todavía mayor: el Gobierno resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera para revisar su contenido antes de volver a impulsar su tratamiento legislativo.
El episodio dejó expuesta una situación incómoda para la administración libertaria. No se trató de una propuesta presentada por la oposición, sino de un texto elaborado y enviado al Congreso por el propio Poder Ejecutivo.
Aunque el impuesto nunca llegó a entrar en vigencia, el intento abrió interrogantes sobre la coherencia de la política tributaria del Gobierno y sobre los controles internos en la elaboración de sus proyectos.
Milei llegó al poder prometiendo combatir la presión impositiva. Esta vez, fue el rechazo de sus propios seguidores el que obligó al Gobierno a retroceder con una iniciativa que pretendía cobrarles más impuestos a los argentinos que invierten sus ahorros.