El relato del “superávit histórico” volvió a quedar expuesto esta semana cuando los gobernadores revelaron un dato que incomoda al Gobierno nacional: más de $730 mil millones de las provincias quedaron bajo la órbita de la Casa Rosada. No es ahorro, no es eficiencia, no es magia libertaria. Es, simplemente, dinero que no se distribuyó y que debería haber llegado a los distritos.
Se trata del remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo creado precisamente para asistir a las provincias en situaciones de emergencia financiera o desequilibrios imprevistos. No es discrecionalidad pura: forma parte de la arquitectura federal argentina y tiene reglas claras. Pero el Gobierno decidió no repartirlo. Lo retuvo y lo contabilizó como parte del orden fiscal que exhibe en cada cadena nacional y en cada discurso celebratorio.
Para los gobernadores, el “superávit” es en realidad una ilusión sustentada en dos pilares: recorte feroz y apropiación de recursos ajenos. No es el resultado de una economía que creció ni de ingresos extraordinarios. Es la consecuencia de congelar gastos esenciales, licuar salarios, paralizar obras y, como ahora queda claro, quedarse con fondos que pertenecen a las provincias.
El dato preocupa no solo por el monto —aunque $730 mil millones no son una cifra menor para distritos que enfrentan caídas de recaudación, aumentos de costos y demandas sociales crecientes—, sino por el precedente. Si la Nación puede retener fondos federales sin explicación, sin transparencia y sin criterio técnico, el federalismo se convierte en una ficción administrativa.
Los mandatarios provinciales, incluso aquellos que en algún momento acompañaron al Gobierno, ya no ocultan su malestar. Exigen que los ATN sean distribuidos como marca la ley y como reclama la situación económica de cada territorio. La lectura política es inevitable: el superávit que Milei usa como insignia no es el fruto de la austeridad virtuosa que predica, sino de una centralización financiera que deja a las provincias al borde del ahogo.
Mientras tanto, la Casa Rosada insiste con el relato épico del “orden fiscal”. Pero cada vez se acumulan más señales de que ese equilibrio se sostiene sobre la base del ajuste a los de siempre y la apropiación de recursos que deberían sostener servicios esenciales en los territorios.
Los números cierran, sí.
Lo que no cierra es el país.