El informe de CEPA encuentra una relación particularmente significativa entre esa demanda y el endeudamiento. Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026, la formación de activos externos acumuló USD 51.013 millones, mientras el endeudamiento neto público y privado aumentó USD 45.986 millones. De ese total, USD 34.748 millones correspondieron al sector privado y USD 11.238 millones al sector público. Para los investigadores, la proximidad entre ambas cifras refleja una dinámica en la que el ingreso de financiamiento externo convive con una persistente demanda de activos en moneda extranjera.
La comparación resulta especialmente incómoda para el discurso oficial porque la contrapartida de ese endeudamiento no aparece en una acumulación equivalente de reservas. En septiembre, pese a que la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 1.521 millones y la balanza de bienes aportó USD 3.317 millones, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron USD 2.167 millones. La cuenta financiera cerró con un déficit de USD 3.185 millones, impulsado por la demanda privada de divisas y los pagos de obligaciones externas.
En este contexto el mercado sigue castigando a los activos argentinos por las dudas que genera el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo. El Riesgo País alcanzó los 925 puntos básicos y se acerca a la zona de default.
El último revés para Caputo y Milei fue la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término que entre otras cosas puso en crisis terminal la posibilidad de un nuevo rescate a la Argentina, como sucedió el año pasado.
En el mercado la posibilidad de que se active nuevamente el swap de Estados Unidos era vista como un seguro ante la posibilidad de una nueva corrida contra el gobierno, como sucedió en las legislativas de 2025. Sin ese paraguas, ahora ven aún más débil a Milei.
El foco está puesto en la capacidad de pago del gobierno. Entre noviembre y diciembre Caputo le tiene que pagar unos 1300 millones de dólares al FMI, pero la luz roja más fuerte está puesta en enero cuando hay que pagar 4.400 millones a los bonistas. A eso se suman vencimientos de Bopreales y organismos multilaterales.