El Ministerio de Defensa avanzó en un contrato por 33 millones de dólares con la empresa canadiense Top Aces Corp, con base operativa en Arizona, para capacitar a los pilotos argentinos que volarán los F-16 recientemente incorporados. La confirmación llegó desde el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos: Washington autoriza el entrenamiento en su espacio aéreo, pero la instrucción no estará a cargo de su Fuerza Aérea sino de una firma privada.
La decisión generó fuerte malestar puertas adentro de las Fuerzas Armadas, especialmente en la Armada, donde sostienen que este gasto nunca formó parte del esquema original de adquisición de los aviones y que el entrenamiento ya estaba contemplado dentro del paquete de compra.
La operación por los F-16 —adquiridos a Dinamarca— incluyó 24 aeronaves F-16 A/B Block 15 MLU modernizadas al estándar Tape 6.5, armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos para cinco años. También se instruyó a pilotos en el exterior como parte del acuerdo. A eso se suma la presencia en Córdoba de instructores daneses que actualmente colaboran con la transición operativa.
En ese contexto, la contratación de una empresa privada por 33 millones de dólares aparece como un gasto adicional que no fue debatido ni comunicado con claridad dentro de la estructura militar. Oficiales de la Armada cuestionan que mientras se asignan fondos a un contratista extranjero, proyectos estratégicos navales siguen demorados.
De hecho, en ámbitos navales recuerdan que el monto comprometido es similar al que se había mencionado para avanzar en la adquisición de dos fragatas también de origen danés, una prioridad para recomponer capacidades marítimas. La comparación no es menor: mientras el Atlántico Sur exige presencia y control, la Armada sostiene que sus necesidades siguen postergadas.
Las críticas también apuntan al manejo político del Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti. En sectores navales señalan que las decisiones se toman sin diálogo con los jefes de Estado Mayor y que la información sobre este contrato se conoció de manera informal, sin una comunicación institucional previa.
El trasfondo del malestar no es solo presupuestario. La compra de los F-16 ya había generado controversia por la ausencia de ciertos sistemas sensibles. Argentina no contará con radares aptos para tareas de vigilancia vinculadas a las Islas Malvinas, una limitación derivada del equilibrio geopolítico entre Estados Unidos y el Reino Unido, socios en la OTAN. Para la Armada, que tiene responsabilidad directa en la custodia de los espacios marítimos, esta restricción debilita la coherencia estratégica del conjunto.
Además, informes técnicos internos advierten que la infraestructura local todavía presenta falencias para sostener plenamente la operación de la flota completa de 24 aeronaves. Se mencionan limitaciones en pistas, hangares y equipamiento de mantenimiento, lo que abre interrogantes sobre la capacidad real de sostener en el tiempo un sistema de armas de esta complejidad.
En ese escenario, la decisión de tercerizar el entrenamiento con una empresa privada extranjera no hace más que profundizar tensiones internas. Para la Armada, la prioridad debería ser equilibrar capacidades entre fuerzas y fortalecer la presencia en el mar, en lugar de seguir ampliando gastos asociados a una incorporación aérea que todavía enfrenta desafíos logísticos y estratégicos.
El debate ya está abierto dentro del ámbito castrense. Y lejos de cerrarse, el contrato con Top Aces suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el rumbo, las prioridades y la transparencia en la política de defensa.