El gobierno de Alberto Fernández dispuso hoy que las exportaciones de carne y sus productos derivados deberán ser informadas e inscriptas, a través de una declaración jurada, en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de evitar posibles desequilibrios en cuanto a abastecimiento, precio y calidad.

El registro, mediante la Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC), tiene por objetivo evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad; así como también transparentar las operaciones de venta de carne al exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos.

Asimismo, mediante una Comisión Mixta de Seguimiento, que estará integrada por la Secretaría de Comercio Interior, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se relevarán y propondrán los precios mínimos de referencia para las exportaciones, y se evaluará periódicamente su evolución.

Además, una Comisión Fiscalizadora, de la que participará el Banco Central (BCRA), evaluará entre otras cosas el correcto ingreso de divisas al país.

Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la DJEC son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y gallus domesticus (avícola).

La Secretaría de Comercio Interior tendrá a su cargo confrontar la DJEC con las condiciones de abastecimiento del mercado interno, respecto al volumen, calidad de los cortes de carne y los subproductos. También se creará la Comisión Mixta de Fiscalización, que estará integrada por Comercio Interior, Control Comercial Agropecuario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y el Banco Central.

El nuevo registro entrará en vigencia a partir de los cinco días hábiles desde que la autoridad de aplicación implemente el procedimiento y el sistema informático, y seguirá en vigencia mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria declarada por la Covid-19.

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