Todavía cruje el edificio de Tribunales II tras el affaire de los concursos internos supuestamente amañados por el asesor letrado Eduardo Caeiro y ya se conoce un nuevo caso que complica la «transparencia» de las designaciones y ascensos. Como se sabe, el primer asunto refiere a las cuatro «empleadas preferidas» que el mencionado Caeiro habría beneficiado anticipándole las preguntas que incluiría el examen para subir en el escalafón.  La conducta del asesor letrado es investigada, tras un sumario administrativo, por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, y habrá que esperar y observar ese proceso.

Pero en simultáneo y en el mismo ámbito se ventilan detalles de otro caso de «beneficios especiales» para una empleada que involucra al juez de control Juan Manuel Fernández López que parece no haber motivado el interés de las autoridades judiciales ni del gremio de trabajadores de ese sector.

De acuerdo a información que circula «de oficio» en el palacio de Justicia, la pareja del juez Fernández López, Melani Mattia, registra una trepada maratónica e inusual de categorías, salario, prorrogativas y responsabilidades en el equipo del Juzgado de Control 10 susceptible, según aseguran, de una investigación administrativa, como mínimo.

Mattia ingresó al poder judicial el 15 de marzo de 2018 como escribiente. A los pocos meses, el 12 de junio de 2018 ya funcionaba como asistente de magistrado. Esto hasta el 21 de mayo de 2023. Luego, recibió otro ascenso establecido con fecha 22 de junio de 2023. Todo esto a partir del puntaje inusualmente generoso otorgado oficialmente por el propio juez, Fernández López, su pareja.

Muy significativos son los conceptos que acompañan las notas en el boletín de calificaciones que sirve para evaluar los ascensos. En los registros del legajo que se toman como base para calificar al personal – y a partir de eso premiar o no su camino en la carrera judicial- el juez Fernández López se desvive en elogios para con su colaboradora. Ejemplo de esto son los conceptos dedicados a Mattia (literales):

a) el 15 de febrero de 2021. «Dedicación, esfuerzo y responsabilidad en la labor desempeñada durante la primera quincena de la feria judicial de enero. Excelente predisposición para el trabajo, buen trato y compañerismo.

b) el 18 de enero de 2022. «Se destaca por encima del resto del personal por su capacidad para absorber trabajo ajeno (incluso de prosecretaria) redactando proyectos en causas complejas sin incurrir en errores, con un rendimiento más allá de las expectativas acordes a su antigüedad y escalafón. De tal modo, ha demostrado con creces el acierto de su designación por mejor promedio universitario en las carreras de abogacía y escribanía de la UCC».

c) el 24 de julio de 2023. «Reconocimiento y felicitaciones por su excepcional contracción al trabajo, con profundo y manifiesto compromiso por el servicio de justicia. Destacando la excelencia y el espíritu de superación constante en la realización de las tareas encomendadas propias de la labor del Juzgado.

Son populares aunque no estridentes (la casta judicial suele guardar aún algunas formas) los conflictos de jerarquía que esta situación provoca en el personal del Juzgado y sus alrededores. También viene generando algunos roces en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia donde se evalúan y conceden puntajes al personal. A punto tal que hay quienes proponen solicitar oficialmente al juez Fernández López que no use el legajo de personal para escribir cartas de amor.

Lo cierto, y oportunamente con seguridad desmentido, es que son varios -y no atendidos- los pedidos informales al gremio judicial para que actúe en esta situación, aunque por ahora sus representantes parecen concentrados en la causa Caeiro exclusivamente.

2 comentarios en «La casta judicial sin paz: otro conflicto por supuesto «acomodo» laboral podría terminar mal»
  1. También deberían investigar la denuncia penal en contra de los miembros de la Sala Civil del TSJ, Cáceres de Bolatti, Angulo y Sesín, que hoy está en la fiscalía anticorrupción. También la denuncia penal por insolvencia fraudulenta en contra de la concejala y vicepresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Verónica Garade Panetta.

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