La gestión de Fernando Rambaldi sumó un nuevo frente judicial. El fiscal Penal Económico del 1° Turno, Matías Bonancini, tramita una denuncia presentada por LWK Ingeniería y Servicios SA contra la Municipalidad de La Calera, luego de que funcionarios municipales, acompañados por policías, clausuraran el depósito que la empresa utilizaba en barrio Cuesta Colorada.
El punto central del conflicto es explosivo: LWK sostiene que funcionaba desde 2007 con habilitaciones municipales renovadas ininterrumpidamente, pero la administración Rambaldi modificó las reglas de uso del suelo mediante el Decreto 70/25 y prohibió actividades que la firma venía desarrollando desde hacía años.
La empresa cuestionó judicialmente esa decisión y la controversia se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero el municipio no esperó el desenlace.
Según la denuncia, el 6 de julio LWK recibió una intimación para abandonar el inmueble en apenas 24 horas bajo amenaza de clausura. La firma afirma, además, que la notificación consignaba un domicilio incorrecto.
Dos días después llegaron el director de Inspección de Comercios y el secretario de Seguridad Ciudadana de Rambaldi junto a dos policías y colocaron la faja de clausura definitiva. La empresa debió sacar inmediatamente los camiones con los que presta servicios de recolección de residuos en numerosos countries del Gran Córdoba.
Ahora el procedimiento quedó bajo la lupa de la Justicia Penal Económica y LWK pidió ser admitida como querellante.
La Justicia deberá determinar si existió algún delito. Pero el costo político ya está sobre el escritorio de Rambaldi: su gestión cambió las reglas que durante años permitieron funcionar a una empresa y después utilizó esas nuevas reglas para avanzar con una clausura, incluso mientras la legalidad de la medida municipal seguía discutiéndose en Tribunales.