Rodrigo De Loredo (UCR), Soledad Carrizo (UCR), Gabriela Brouwer de Konning (UCR); Alejandra Torres (PJ schiarettista); Laura Rodriguez Machado (Pro- Milei de Patricia Bullrich); Gabriel Bornoroni (LLA- Karina Milei); María Ponce (LLA); Belén Avico (PRO-Milei); e Maria Ibañez (MID-Milei), son los nueve diputados nacionales por Córdoba que en la escandalosa sesión del 2 de julio votaron en contra del veto presidencial a la ley de financimianto universitario. El voto negativo de estos nueve representantes impidió que las universidades públicas de Córdoba, y de todo el país, contaran con fondos para volver a funcionar con normalidad y que sus docentes e investigadores lograran alguna actualización salarial tras la pérdida del 50% en la remuneraciones desde 2024.
Fue ésta la sesión que se destacó en los títulos periodísticos por el escándalo en el recinto que llevo a la suspención de los debates. Esa oportuna situación les permitió a los nueve diputados nacionales mencionados esquivar la atención mediática de lo que fue su voto en contra de la iniciativa que buscaba revertir el veto presidencial al financiamiento de las universidades públicas.
La conducta de los mencionados confirma aquello de que en la oscuridad «todos los gatos son pardos». Esto aplica exactamente en la noche milieinista. Y en esta penumbra de esta representación hay varios gatos.
Varios de ellos, ante la consulta de Jornada Política, ofrecieron respuestas evasivas haciendo referencia a que el tema del Presupuesto Universitario volvió a comisión y será abordado allí el 8 de julio. Eso es real. Al menos así se resolvió el 2 de julio, día del escándalo. Pero eso no significa que los nueve representantes de Córdoba señalados no hayan votado en contra de las universidades públicas.
Algunos de ellos deberían explicar algo más, al menos para mostrar un poquito de vergüenza. Son los casos de Alejandra Torres, la schiarettista esposa de Osvaldo Giornado, el ex funcionario de Milei despedido ignominiosamente, Rodrigo de Loredo, Laura Rodriguez Machado y María Ibañez. Todos ellos son profesionales recibidos en universidades públicas. En el caso de los tres primeros en la Nacional de Córdoba, y la representante del MID Mileinista en la Universidad Nacional de Salta.
También Gabriela Brouwer de Konning, que si bien estudio en universidades privadas (Católica de Córdoba y Siglo XXI), impulsó, al menos para la tribuna y en los medios de comunicación, la creación de la Universidad Nacional en Río Tercero. Brouwer de Konning hace campaña y prensa con la nueva casa de estudios para su ciudad, pero vota en contra al veto presidencial que impide su funcionamiento. .
Lo cierto es que en la sesión especial de ese miércoles 2 de julio en la Cámara de Diputados, la oposición no consiguió los dos tercios necesarios para tratar el proyecto de financiamiento universitario y que como premio consuelo se aprobó emplazar a las comisiones para el 8 de julio cuando tratarán de sacar un despecho unificado para una nueva ley de financiamiento de las universidades públicas.
Corresponde decir que los diputados Héctor Baldassi (PRO); Juan Brugge (PJ schiarettista); Pablo Carro (UXP); Natalia De la Sota (PJ), Gabriela Estévez (UXP), Ignacio García Aresca (PJ LLaryora) y Carlos Gutierrez (PJ schiarettista) votaron a favor del presupuesto universitario; en tanto el radical con peluca Luis Picat estuvo ausente.
Comisiones
Mientras tanto la oposición en la Cámara de Diputados apura las negociaciones para llegar al 8 de julio a los plenarios de comisión con acuerdos que le permita avanzar en el debate por los fondos para las universidades y el hospital Garrahan.
A partir de las 12 del mediodía la comisión de Presupuesto y Hacienda, junto a otras como la de Educación y luego la de Salud, tratarán seis proyectos de ley referidos al financiamiento universitario y a la recomposición salarial del personal de las Altas Casas de Estudios. Otros cuatro proyectos establecen la ley de emergencia pediátrica por dos años; la ley de promoción de la salud cerebral; la ley que crea el Programa Crecer con Salud, destinado a niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años y sus familias, y fondos para el funcionamiento del Hospital Garrahan.
