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Otra «demora» en la Justicia que beneficia que la familia de la radical-juecista Soledad Carrizo

Hace unas semanas se conoció la inexplicable decisión de la Cámara 7 del Crimen de la Justicia de Córdoba que benefició con la suspención de un juicio por drogas a Lucas Juez, hijo del legislador provincial Daniel Juez y sobrino del senador neomileinista Luis Juez. Ni el combativo gremio judicial ni ningún legislador registró el hecho, por ahora. Pero, cuando todavía la «casta» judicial da vueltas sin poder explicar los fundamentos de ese beneficio a la familia Juez, se sumó otro caso de beneficio filial tan incomprensible como el anterior (o perfectamente explicable si se conjetura con mínimo esfuerzo): la eterna demora de un juicio que involugra directamente a Maria Cecilia Carrizo, hermana de la Diputada Nacional por la UCR, con orientación juecista, Soledad Carrizo. La causa es por la administración fraudulenta de fondos (11 millones de pesos nominales en 2018, equivalentes a 632,268,395.92 en 2024). No son pocos los indicios que se orientan a sostener que parte de esos fondos fueron usados políticamente por las Carrizo, por lo que, si bien judicialmente solo aparece implicada Maria Cecilia, el papel de Soledad no sería ajeno a los hechos. Los imputados son Eduardo Acosta, la mencionada Maria Cecilia Carrizo, Marcos Delgado, Maria José Duarte Uribe, Figueroa José, Mariana López, Oscar Martínez, y Ariel Rivero (ex intendente de la localidad), todos miembros de la Cooperativa de Electricidad Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Quilino Ltda.

La causa fue elevada a juicio en el año 2018 por la entonces Fiscal de Instrucción de Deán Funes Fabiana Pochettino (quien ya no ejerce ese cargo sino el de Fiscal de Cámara en Cruz del Eje). Luego vinieron varias instancias procesales que demoraron la continuidad de la causa, hasta que llegó el previsible apartamiento de los miembros de la Cámara del Crimen de Deán Funes, que, como la mayoría de los funcionarios judiciales de Córdoba son especialistas en sacar los clavos para arriba. Desde hace ya varios años la causa duerme el sueño de los justos en la Cámara 9na del Crimen de Córdoba, donde parecen pocos dispuestos a juzgar en este caso. Los tentáculos juecistas y radicales en la Justicia provincial son de eficiacia notable y silenciosa.

Los acusados, de acuerdo a la instrucción de la fiscalía, actuaron en «connivencia y todos violando el deber de fidelidad para con dicha entidad y con el fin de procurar un beneficio económico para sí y/o terceras personas no identificadas a la fecha por la instrucción (y es aquí donde la figura de la hermana Soledad, diputada, aparece en el vox populi del norte cordobés), habrían defraudado a dicha entidad mediante el ardid consistente en la utilización de facturas apócrifas, a fin de justificar contablemente el egreso y sustracción de sumas de dinero de la cooperativa, simulando el pago de deudas a proveedores inexistentes o existente que no prestaban ningún tipo de servicio o venta a la entidad cooperativa, para lo cual habrían confeccionado por sí mismos o los habrían hecho confeccionar a los
dependientes de la oficina denominada de gestión o la oficina encargada a tales efectos, las
correspondientes órdenes de pago, quien habría suscripto o habrían hecho suscribir o dejaban
sin firmar las referidas órdenes de pago que disponían mediante:

a) cheques girados sobre las cuentas corrientes que la Cooperativa referida poseía en el Banco de la Provincia de Córdoba, Cuenta Corriente N° 4099/08 y 1078/0 y Banco Nación Cuenta Corriente n° 53507,
Expediente SAC 3398431 – Pág. 4 / 139 sucursales bancarias de la Ciudad de Deán Funes.

b) o entregas de sumas de dinero en efectivo, todo en concepto de pagos simulando deudas. Posteriormente los cheques de mención –de la propia entidad habrían sido introducidos al giro comercial, mediante su entrega a terceras personas no identificadas, en concepto de pago de deudas de la propia
Cooperativa, perjudicando económicamente a la Cooperativa de Electricidad Consumo,
Obras, Servicios Públicos y Sociales de Quilino Ltda., al producirse el pago de los cheques de
la propia entidad por parte del banco girado -con los fondos de ésta existente en la cuenta
corriente de su titularidad o los referidos pagos en efectivo.

Jornada Política hizo las consultas correspondientes sobre las causas de la demora judicial y sobre la contiunuidad de este proceso. Nadie sabe. Nadie contesta. La Familia Judicial, esta vez, en favor de la familia Carrizo. El dulce encanto del silencioso lobby de radicalismo juecista entre los burócratas de la casta jurídica.

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