La diputada nacional Marcela Pagano profundizó sus denuncias sobre el manejo de la Quinta Presidencial de Olivos y expuso documentación con la que sostiene que detrás de las millonarias compras de alimentos podría haber existido un esquema de utilización de recursos públicos en beneficio de emprendimientos privados vinculados a personas que trabajaban en la residencia presidencial. Las acusaciones forman parte de presentaciones judiciales y todavía deben ser corroboradas por la Justicia.
Uno de los datos que puso bajo la lupa son las compras de carne. Según Pagano, dos pliegos de la Secretaría General contemplaban 29.505 kilos de carne para seis meses destinados a Casa Rosada y Olivos. De ese total, 9.135 kilos correspondían exclusivamente a la Quinta Presidencial, una cantidad que la legisladora estimó equivalente a unas 36.500 raciones y alrededor de 50 kilos diarios. También cuestionó que para Olivos se proyectaran cantidades de dulce de leche y mostaza proporcionalmente muy superiores a las de Casa Rosada.
Pero la denuncia de Pagano va bastante más allá de discutir cuánto se comía en la residencia presidencial. La diputada pidió investigar si parte de los insumos adquiridos con fondos públicos pudo terminar vinculada a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento gastronómico relacionado, según las publicaciones que reconstruyeron su presentación, con familiares de María Belén Agudiez, quien ocupaba la Subsecretaría de Planificación General y estaba vinculada al círculo de Karina Milei.
Otro elemento presentado públicamente es una póliza de accidentes personales correspondiente a supuesto “personal de catering”. Según la documentación difundida, entre los asegurados aparecía Osvaldo Javier Sosa, entonces administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, junto con otras personas que cumplían funciones dentro de la estructura oficial. La existencia de esa documentación es uno de los puntos que Pagano pretende que la Justicia investigue para determinar qué relación existía entre funcionarios públicos y actividades privadas.
La legisladora también denunció otras presuntas irregularidades relacionadas con proveedores y contrataciones. Entre ellas, afirmó que un jubilado sin patrimonio significativo habría figurado como proveedor de Presidencia por más de $600 millones, y mencionó contrataciones vinculadas con jardinería y carritos de golf. Pagano pidió investigar posibles delitos de peculado, fraude contra la administración pública y lavado de dinero. Se trata, por ahora, de hipótesis denunciadas y no de delitos acreditados judicialmente.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno avanzó con una profunda reorganización de Olivos: desplazó personal civil, eliminó la Administración General de la residencia y transfirió funciones a la Casa Militar. La explicación oficial fue que los cambios buscaban mejorar los estándares de seguridad y eficiencia.
Pagano plantea una explicación diferente. Vincula los desplazamientos con las irregularidades que denuncia y sostiene que pudieron servir para ocultar problemas relacionados con proveedores y mercadería. Esa afirmación es parte de su acusación y no está acreditada judicialmente hasta el momento.
La cuestión central ahora está en manos de la Justicia: determinar si las extraordinarias cantidades adquiridas tenían una justificación vinculada al funcionamiento de las dependencias presidenciales o si, como denuncia Pagano, existió un desvío de recursos públicos. Y, en ese caso, establecer quiénes participaron y qué responsabilidades correspondieron a cada funcionario.